Lamentablemente, el doloroso caso del joven ganadero Jorge Ríos, de 23 años de edad, secuestrado el pasado lunes 28 de junio en horas de la noche, en la estancia de su familia en la localidad de Sargento José Félix López, ex Puentesiño, Concepción, en manos del grupo criminal Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP), hallado muerto ejecutado el sábado último en territorio brasileño, no constituye un hecho aislado dentro del generalizado esquema de corrupción, violencia criminal e impunidad que golpea a nuestro país.
La región en la que se produjo el alevoso crimen es desde hace tiempo un territorio abandonado por el Estado, liberado para todo tipo de tráfico y actividad criminal, con absoluta impunidad.
Una vasta región del norte de los departamentos de Concepción y Amambay, que durante gran parte del siglo pasado fueron parte de un latifundio de más 400 mil hectáreas, pertenecientes a la firma Cipasa de la familia Antebi, fueron expropiadas en 1995 por el Estado paraguayo, unas 224 mil hectáreas, para destinarlas a la reforma agraria y entregarlas a campesinos sin tierras. Sin embargo, en su mayor parte acabaron siendo estancias de caudillos políticos colorados, como el tristemente célebre diputado colorado Magdaleno Silva, ya fallecido, o de conocidos narcotraficantes.
Una vasta extensión de las tierras expropiadas, destinada a ser un parque nacional para la protección de la flora y la fauna, denominado Paso Bravo, con una extensión de 93.612 hectáreas, se convirtió en la presa codiciada de los traficantes de madera, cultivadores de marihuana y contrabandistas.
Fue, además, un sector en donde se estableció el grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tras formar su primera columna en 2005, desde donde cometieron diversos crímenes como el asesinato del policía Óscar Antonio Noceda en febrero de 2006. Ahora, ese mismo territorio es utilizado como guarida por el grupo ACA-EP.
Tras el cruel asesinato del joven Jorge Ríos, nuevamente se debate la inutilidad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), tropa de élite formada por policías y militares, que insume un millonario presupuesto pero no ofrece los resultados esperados de desarticular a los grupos armados criminales.
En realidad, el debate debe ir mucho más allá de desactivar o no a las FTC. Hay todo un esquema de criminalidad e impunidad que debe ser desarticulado, que fue puesto nuevamente en el tapete durante la reciente visita de la viceministra de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, que transmitió la exigencia del Gobierno del Norte a que las autoridades paraguayas demuestren resultados positivos en las acciones contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado y el terrorismo.
En su edición de ayer, este diario reveló cómo 165 políticos y 46 funcionarios usaron sus privilegios para vacunarse con trampa contra el Covid. Parecerá solo una avivada, pero es también corrupción, que debe ser cortada en todas sus formas. Seguir permitiendo esta situación nos conduce a un Estado fallido y a una democracia inviable.