Desde aquel mediodía del 26 de abril de 1991 cuando Santiago Leguizamón finalizaba su programa de radio y se dirigía al restaurante El Pato, sobre la avenida fronteriza que divide Pedro Juan Caballero de la ciudad brasileña de Ponta Porá, para reunirse con sus compañeros para celebrar el Día del Periodista, ya pasaron 31 años y un mar de impunidad. Poco ha cambiado desde que Leguizamón, en plena tierra de nadie, recibiera 21 balazos que acabaron con su vida.
Lourenço Leo Veras, Eduardo González, Gerardo Servián Coronel, Antonia Maribel Almada, Pablo Medina Velázquez, Édgar Pantaleón Fernández Fleitas, Fausto Gabriel Alcaraz, Marcelino Vázquez, Carlos Manuel Artaza, Merardo Alejandro Romero Chávez, Martín Ocampos Páez, Alberto Tito Palma, Ángela Acosta, Samuel Román, Yamila Cantero, Salvador Medina Velázquez, Benito Ramón Jara, Calixto Mendoza, Santiago Leguizamón son los periodistas asesinados en los últimos 30 años, de acuerdo con los datos de El Observatorio sobre violencia contra periodistas en Paraguay.
Este martes, el nombre de Humberto Coronel se suma a la trágica lista.
Hace dos meses, el periodista y otro colega habían recibido una amenaza anónima; en una cartulina con un escrito en el que le advertían que se callara y dejara de investigar algunos hechos. La amenaza se produjo días después del atentado al intendente José Carlos Acevedo, que fue acribillado por sicarios. “Sabés muchas cosas. Vamos a borrar al que sabe mucho, Gustavo y Humbertito“, decía el mensaje escrito en portugués. Humberto denunció el hecho al Ministerio Público y la fiscala Sandra Díaz fue designada para la investigación. Los investigadores presumen que la amenaza provino de facciones criminales que operan en la frontera. El Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y Bala Na Cara son algunos de los grupos que operan en Pedro Juan Caballero y en la ciudad fronteriza Ponta Porã.
Pedir que se haga justicia y que se esclarezca este asesinato así como los otros 19 suena a estas alturas a una mera expresión de deseos. Considerando que en ningún caso se ha logrado justicia, e incluso en el caso de Santiago Leguizamón, el Estado paraguayo deberá responder a la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo se deben señalar las inapropiadas expresiones de la fiscala Katia Uemura, quien dio a entender que el periodista asesinado debería haber tenido más cuidado: “No culparía a Fiscalía o la Policía por el asesinato de Humberto Coronel. Si estaba amenazado debería haberse cuidado más. No podía andar así regalándose a sicarios”.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) exige una investigación pronta, exhaustiva, imparcial sobre el asesinato de Humberto Coronel, y de todos los periodistas asesinados desde 1989; y hace responsable a la Policía Nacional de la falta de protección a los periodistas amenazados, así como también al Ministerio Público “que no investiga los crímenes”. En esa misma línea, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) considera que “solamente con una intervención inteligente, oportuna y eficaz de las autoridades nacionales, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial cesará todo tipo de atentado contra la vida, que desde hace mucho tiempo acongoja al país”.
Se debe exigir un mayor compromiso por parte de las instituciones del Estado, encargadas de garantizar la seguridad de los trabajadores de la prensa, Policía, Fiscalía y Justicia. Estas deben garantizar la seguridad de los periodistas que cumplen con su trabajo en las zonas fronterizas, y recordar que ninguna democracia será completa sin el libre ejercicio del periodismo.
