La gravedad del problema así como sus múltiples aristas ponen a Paraguay en el escenario mundial de incontables investigaciones y publicaciones, en las estadísticas globales de desigualdad e inclusive en documentos papales.
Según algunos de los buscadores académicos, alrededor del 25% de las publicaciones de libros y revistas que se dedican a Paraguay hacen referencia al problema de la tierra. A diferencia de otros temas, somos un país de referencia en las líneas de investigación de la academia especializada extranjera en el tema. Es decir, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, Paraguay es caso de estudio obligado cuando el objetivo de análisis tiene que ver con la distribución de tierra.
El Banco Mundial señala con respecto a la concentración de la tierra que más del 70% de la tierra productiva está ocupada por el 1% de establecimientos más grandes, ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el mundo, con un coeficiente GINI de 0,93.
Estos datos son tan elocuentes que no es necesario profundizar más para entender las razones de la persistencia de los conflictos desde dos siglos atrás, cuando a fines del siglo XIX se dio origen a la cesión y venta de tierras públicas.
La bibliografía es clara sobre el rol negativo de cualquier tipo de desigualdad; en este caso, el de la tierra. Las desigualdades impiden la sostenibilidad del crecimiento y la reducción de la pobreza, generan profundos sentimientos de ruptura social, se correlacionan positivamente con la inseguridad ciudadana y por esta vía, con la emergencia de conductas y acciones delictivas, reducen la capacidad estatal de resolver conflictos a través del diálogo y la negociación y socavan los principios de la democracia.
La encíclica Laudato Si’, del papa Francisco, señala que “la tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso”. Este documento hace referencia explícita a Paraguay cuando cita la Carta Pastoral emitida por la Conferencia Episcopal en el año 1983 y en la que se señala el derecho de los campesinos “a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial”.
No hay ninguna posibilidad de crecimiento económico a largo plazo, de mejoras en la calidad de vida o de aumento de la resiliencia frente a la crisis climática, si no se resuelve el problema de la tierra en Paraguay.
Hasta hace poco, el conflicto era básicamente rural y campesino. Actualmente se ha agudizado en los pueblos indígenas y ampliado a las tierras urbanas. La expulsión de la población campesina e indígena de sus territorios junto con un mercado inmobiliario urbano, sin una regulación moderna, está trasladando a las ciudades los conflictos por este activo fundamental para la vida.
Esta combinación de problemas se convierte en una posibilidad real de explosión social y política, cuyos resultados reemergieron en estos días, ya que, por un lado, amplios sectores campesinos e indígenas pelean por un pedazo de tierra, mientras que, por otro lado, se sabe que hay un acaparamiento ilegal e ilegítimo de tierra por parte de políticos y supuestos empresarios gracias al abuso de poder, tráfico de influencias y el prebendarismo. Sin resolver este problema no habrá democracia sustantiva, paz, ni desarrollo.
