Un pedazo de tierra permitiría a los campesinos apostar con tranquilidad a la producción de autoconsumo y a un remanente para lograr el desarrollo de sus familias, sin contar que además representa la garantía de una vida sana y acceso a la vivienda. Si bien esto además depende de una cadena extensa entre la producción y comercialización justa, donde nuevamente deben participar las instituciones encargadas de atender a este sector vulnerable, el primer bloqueo que enfrentan es la falta de suelo para cultivar.
Esta situación los lleva a ocupar tierras donde la titularidad está en dudas, de paso enfrentan la estigmatización de la sociedad alimentada por los medios que los tratan de invasores. Pero de vez en cuando salta la otra cara de la moneda, la que muestra a la rosca corrupta detrás de las adjudicaciones irregulares que benefician a personas que ostentan poder económico.
“En el Paraguay existe un acceso equitativo a la tierra, a una agricultura diversificada, sostenible y a los factores que contribuyen al logro de un desarrollo humano, en condiciones de seguridad jurídica y administrativa con la participación solidaria y comprometida de la sociedad”, describe como su visión el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que suma entre sus oscuros antecedentes el procesamiento de los últimos tres ex presidentes por la Justicia debido a actos de corrupción al frente de la institución.
De acuerdo a las investigaciones, Mario Vega, pidió una coima de USD 200.000 para la adjudicación de 16.000 hectáreas en el Chaco y otros USD 25.000 para beneficiar a una oenegé para la construcción de pozos. Su antecesor, Luis Ortigoza, es sospechoso de vender tierras de Itaipú que están en la reserva del Mbaracayú y de comprar injustificadamente otras propiedades, mientras que Justo Cárdenas, no pudo justiciar los ingresos que tuvo entre el 2008 y 2018, lo que le valió la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En paralelo a la serie de investigaciones, que incluye la adjudicación de tierras del Parque Nacional Ybycuí a una sociedad que conforma el senador Fidel Zavala, un crítico de las reivindicaciones campesinas, continúan los reclamos de la anhelada reforma agraria que permitirá el desarrollo de la agricultura familiar campesina.
Las tierras fiscales tienen su origen en la década de 1820 con la estatización de propiedades que habían sido adjudicadas bajo la dominación de España. De acuerdo al estudio Paraguay Rural, de Jan Kleinpenning, para 1870, el Estado era dueño del 98% del territorio nacional, pero eso fue cambiando en la posguerra con la venta de tierras públicas y si bien hubo normativas para otorgar propiedades a los campesinos, estas fracasaron debido en gran medida a que los requisitos eran de cumplimiento imposible, sumada a la corrupción que ya se había instalado en ese momento, con trámites que dependían de la voluntad de los jefes políticos. Fue así que para 1880 los agricultores continuaban sin regularizar sus tierras y subsistían como arrendatarios o ocupantes de tierras fiscales, mientras que al mismo tiempo se fueron estableciendo los primeros latifundios de extranjeros.
Con el tiempo esta condición lejos de cambiar, se agravó. El informe de la Comisión Verdad y Justicia presentado en el 2008, refiere que el 32,7% de tierras útiles para la agricultura fueron entregadas irregularmente durante el Gobierno de Stroessner, principalmente a políticos y militares.
Estos antecedentes demuestran que persiste la deuda histórica con los campesinos, que sus luchas son justas y que el enemigo principal, además de los corruptos, sigue siendo la indiferencia.
