El objetivo de la norma era despenalizar el cultivo de marihuana para la elaboración de aceite de cannabis, para uso terapéutico, mediante un certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El uso personal de la droga estaba exento de pena mediante la modificación.
“La propuesta podría generar un conflicto de jerarquía normativa, en atención a que el alcance de la misma entraría en contraposición con un tratado internacional del cual el Estado paraguayo es parte”, explica el texto de objeción del Ejecutivo.
Se refiere a que Paraguay es Estado parte de la Convención Única de Estupefacientes, y el proyecto se contrapone a los compromisos que fueron asumidos.
Menciona también que no condice con la Constitución y que para la puesta en vigencia de la ley se deberá comunicar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), lo cual traería repercusiones sanitarias y financieras.
El diputado del Partido Hagamos Tito Ibarrola, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, recordó que varias instituciones remitieron informes favorables al respecto y que la organización Mamá Cultiva abogó por la aprobación del proyecto.