Testigos del genocidio, como el antropólogo Mark Münzel o Bartomeu Melià y una de las víctimas achés, Margarita Mbywangi participarán del acto que organiza la asociación Paraguay Resiste en Madrid.
En agosto del 2013 se presentó en Argentina una querella criminal contra responsables de la dictadura paraguaya que atentaron contra la población de los Aché. En abril pasado se ampliaron las causas por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos contra la comunidad.
La tribu que habitaba en las colinas boscosas del este de Paraguay fue brutalmente expulsada de su tierra a medida que avanzaba la expansión agrícola de los colonos. “Estos no tardaron en organizar partidas de cacería para asesinar a los hombres achés; las mujeres y los niños solían ser capturados y vendidos como esclavos”, expresa el comunicado de la organización Survival.
Manuel Jesús Pereira, un terrateniente local trabajaba entonces para Departamento de Asuntos Indígenas de Paraguay, sin embargo, fue uno de los que vendió a los achés como esclavos, los capturaba y retenía en su granja que funcionaba como una especie de “reserva aché".
“Los achés fueron cazados como si de animales se tratara, porque querían confinarlos en un gueto. Una vez en la reserva, no se les permitía irse. No solo vendieron como esclavos a niños, sino también a mujeres en algunas ocasiones. Es posible que el 60% de su población haya resultado aniquilada”, reclama el abogado de la comunidad, Juan Maira.
El hecho fue denunciado sin éxito por antropólogos en Paraguay, recién con el alemán alemán Mark Münzel logró captar la atención internacional con su informe de 1973, “Genocidio en Paraguay”.
Las denuncias fracasaron debido a la simpatía del presidente de entonces Alfredo Stroessner con los gobiernos británico, estadounidense y alemán-occidental que negaron que se estuviera produciendo un genocidio en el país.
“Estamos pidiendo justicia; hubo torturas, violaciones, castigos corporales. No podemos soportar más el dolor que padecimos”, clama el representante aché Ceferino Kreigi.
La Federación Nacional Aché inició en agosto del 2013 un juicio en Argentina que cuenta con el consejo de Baltasar Garzón, el prominente abogado experto en derechos humanos. Los achés se amparan en el principio de “jurisdicción universal” que establece que delitos como el genocidio o crímenes contra la humanidad, pueden ser juzgados y castigados en un país diferente a aquel donde acontecieron, si las víctimas no pueden obtener justicia en su propio país.
