El pasado 1 de diciembre, el juez Humberto Otazú declaró en rebeldía y ordenó la captura del ex síndico de quiebras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blas Velázquez Fernández. Él fue imputado el pasado 31 de julio por lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
El caso del que se lo acusa es sobre la doble venta de un inmueble. Sin embargo, el funcionario público ya registra varios casos similares entre sus antecedentes.
Perjuicio. No es la primera vez que el nombre del síndico de Quiebras toma estado mediático por un supuesto mal actuar en procesos de compra y venta de inmuebles de empresas que quebraron.
La quiebra de Banco Unión Saeca se encuentra en trámite de liquidación de su patrimonio, con base en las disposiciones contenidas en la Ley N° 154/69 y sus modificaciones debiendo velarse en todo momento la obtención de mayor beneficio para la fallida al tiempo de la realización de su activo.
Es decir, la venta de los bienes que integran su patrimonio deben vender al mayor valor posible debiendo el agente síndico precautelar en todo momento que esto ocurra, y como administrador de los bienes, debe poner a conocimiento del Juzgado todos los detalles de las ofertas recibidas y si es conveniente para los intereses de la quiebra en beneficio de los acreedores.
Ante una venta privada de un crédito con garantía real de hipoteca sobre la finca 993 del distrito de Chaco con Padrón 2037, realizada por el entonces agente síndico Blas Velázquez Fernández a favor de la señora Ana Teresa Arancedo, en un monto más que irrisorio, en atención al valor real, a la fecha de la operación del inmueble hipotecado y el interés de la deuda acumulada en dicho periodo.
El entonces síndico solicita al Juzgado que interviene en la quiebra, que acepta la propuesta de compra de crédito realizada por Arancedo quien propuso el pago de G. 100.000.000, sosteniendo el representante de la fallida, que la oferta resulta ventajosa para los intereses del Banco Unión SA, por lo que solicitó autorización del Juzgado para poder realizar dicha operación.
Tras el pedido, el juez que otorgó la venia correspondiente, se apoyó para otorgarlo, de las manifestaciones de Velázquez Fernández, funcionario que posee la administración de los bienes de la fallida y, por ello, con conocimiento cierto y fehaciente de los valores.
Acto de nulidad. Sin embargo, en los meses siguientes, solo el valor de los intereses alcanzaba los G. 3.228.995.763 sin contar con el valor del crédito. Pero el inmueble que garantizaba dicho crédito fue rematado en el marco de un juicio hipotecario por G. 2.000.000.000, ocasionando un perjuicio para los acreedores del banco. Se desconoce el valor original del crédito por lo que no se puede saber exactamente de cuanto fue el perjuicio pero solo considerando los intereses del crédito, el perjuicio fue de G. 1.128.995.763.
El inmueble fue adquirido por la misma Arancedo, quien, meses antes, había adquirido el crédito con valor real hipotecario por G. 100.000.000.
Además de la actuación de Velázquez Fernández, la compradora Arancedo, debió verificar la documentación y el valor de la propiedad hipotecada antes de realizar dicha compra.
Blas Velázquez y sus vínculos con Antonio Fretes
A fines del 2022, la Corte Suprema de Justicia reemplazó a Blas Velázquez como síndico de Quiebras. Este formaba parte del clan de Antonio Fretes según informaciones extraoficiales.
El cambio se produjo en coincidencia con el escándalo mediático generado tras la divulgación de vínculos entre Fretes con el extraditado Kassem Mohamad Hijazi.
Blas Velázquez Fernández está vinculado desde hace años a despojos de terrenos y es conocido por ser el protegido de Fretes.
Incluso, el ahora ex síndico fue denunciado por presuntas estafas, operando principalmente en Quiindy (Paraguarí), de donde también es oriundo el ahora ya ex ministro de la CSJ.
El clan Fretes basó su fortuna a través de negocios relacionados con el otorgamiento de préstamos, compraventa de propiedades, seguros y red de cobranzas, entre otros.
