Los parlamentarios pidieron a la Fiscalía General que, además de Jair Bolsonaro, sean investigados el canciller, Ernesto Araújo; y el director brasileño de Itaipú, Joaquim Silva e Luna, sobre las irregularidades ocurridas en la negociación secreta con Paraguay.
La acción hace hincapié en la aparición de la empresa Léros, supuestamente vinculada a la familia del primer mandatario brasileño. La bancada del PT requirió que se defina la responsabilidad penal, administrativa y civil de los denunciados, además de una pesquisa sobre Léros.
La firma saltó a la polémica generada por el acta firmada el pasado 24 de mayo entre Paraguay y Brasil, sobre la contratación de potencia de Itaipú, luego de darse a conocer que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, supuestamente intermedió para no incluir en el documento un punto sobre la venta de energía paraguaya, informó el portal Brasil 247.
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Esto, a través de la participación del abogado Joselo Rodríguez, quien fungía de representante de la firma brasileña que –según las denuncias públicas– quería lograr la exclusividad de la energía a ser comercializada a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El caso puso contra las cuerdas no solo a Velázquez, sino también al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Este martes se filtraron mensajes del primer mandatario, quien presionó al ex titular de la ANDE Pedro Ferreira para dar su visto bueno al acuerdo entre países.
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La crisis política igualmente se tradujo en la salida de las principales autoridades que negociaron el acta, el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex embajador en Brasil Hugo Saguier, el ex titular de la ANDE Alcides Jiménez y el ex director paraguayo de Itaipú José Alberto Alderete.
En Paraguay, el Ministerio Público se encuentra investigando lo ocurrido. Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci son los fiscales asignados para las averiguaciones.
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Mientras que en instancias del Congreso Nacional, este martes se presentó ante Diputados el pedido de juicio político en contra del presidente, Mario Abdo; el vicepresidente, Hugo Velázquez; y el ministro de Hacienda, Benigno López.
El acuerdo firmado el pasado 24 de mayo por representantes diplomáticos de Paraguay y Brasil quedó sin efecto luego de un pedido del Gobierno de Mario Abdo Benítez, según se anunció la semana pasada.