Desde hace unos días nuevamente se ha desatado una guerra entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
Primeramente la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, accionó ante la Corte para poder rendir su ejecución presupuestaria ante el Tribunal de Cuentas y no solo ante la Contraloría. Además pidió la suspensión a los efectos de la ley.
El titular del órgano contralor tildó de “lamentable” dicho accionar por parte de la primera mujer en ocupar la silla principal del Ministerio Público.
Posteriormente la Fiscalía sacó una aclaratoria alegando que solicita al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.
Luego García a través de un documento remitido a la fiscala general del Estado refirió que por resolución se aprobó el Plan General de Auditoría de la Contraloría, donde se estableció realizar la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Incluso, nombra a Amado Zárate Pino, Édgar Ramón Cáceres Fernández, Leonardo Ayala, Santiago Insaurralde y Romy Sanabria como los que van a cumplir funciones en los roles de coordinador, supervisor, jefe de equipo y auditores respectivamente.
Precisamente Cáceres Fernández se encuentra acusado por los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación y estafa por supuestas irregularidades en la administración de la Asociación de Empleados de la Contraloría, donde se embargó el sueldo a 160 empleados por la falta de pago en créditos.
Incluso el fiscal Federico Leguizamón solicitó que afronte juicio oral y público.
Pese a que ya pasaron siete meses de la presentación del requerimiento, aún no se pudo realizar la audiencia preliminar.
García así también requirió la designación de un nexo oficial para la provisión de documentos e informes para su posterior análisis.
La máxima autoridad del Ministerio Público ante dicha petición solicitó una medida cautelar ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que hizo lugar a lo requerido. Pero dejando constancia que es sin perjuicio de las funciones o facultades del órgano contralor.
Conferencia. El contralor Enrique García realizó una conferencia de prensa en donde ratificó que se va a realizar la auditoría a la Fiscalía General del Estado, y negó que la acción sea por un tema “personal”. Esto teniendo en cuenta a que está imputado por producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso por el caso Ivesur.
Aseveró que en caso de que se niegue Quiñónez a proveer informaciones tiene previsto recurrir a un auxilio judicial.
Finalmente expresó que la institución a su cargo realizó reportes y denuncias de supuestos hechos punibles detectados en la función pública y que fueron auditadas por un monto global de G. 45.912 millones, en concepto de perjuicio patrimonial al estado entre 2016 y 2018. Sin embargo dijo que la Fiscalía no inició investigaciones.
