El fiscal Manuel Rojas presentó su requerimiento conclusivo por complicidad de funcionario público en el suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal, así como tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión, en diferentes grados de participación contra los acusados.
PROCESADOS. Entre los acusados se encuentran el ex director de la cárcel Lombardo Cristaldo y el entonces coordinador general, Francisco Javier Ramírez Torres. También fueron acusados Leonardo Araújo Viera y Jorge Darío Mendoza Penayo, como los transportistas de la droga hasta la prisión.
Mientras que los reclusos libaneses Ali Issa Chamas y Ali Fouani, así como el brasileño Diego Pedro Barcik compraban la droga para su distribución, así como bebidas alcohólicas, señala la acusación fiscal.
El fiscal Rojas también pidió el sobreseimiento del guardiacárcel Héctor Mendoza Báez, al comprobarse que no tuvo participación en los hechos.
PIDEN JUICIO. Los ahora ex funcionarios de la cárcel enfrentan cargos por complicidad de funcionario público en el suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal.
Por su parte, Araújo y Mendoza fueron acusados por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión.
La acusación contra los reclusos fue por tenencia, suministro y comercialización sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal para cometer delitos contra la Ley de Drogas.
El agente fiscal Rojas sostuvo en su requerimiento conclusivo que Ali Chamas, Ali Fouani y Diego Barcik se organizaron para adquirir, ingresar, distribuir y comercializar estupefacientes y otros productos prohibidos dentro de la cárcel regional. En el esquema Chamas, aparece como líder del grupo, Fouani, socio comercial, y Barcik era el comprador y el encargado del ingreso en el penal.
Araújo Viera y Mendoza Penayo eran los que introducían al penal la droga, oculta entre bebidas y alimentos, con autorización y control del director Lombardo y el coordinador Ramírez Torres.
El esquema fue descubierto el 11 de diciembre del año pasado por policías del Departamento de Control de Automotores, quienes siguieron una furgoneta de marca DFSK, color blanco, matrícula AABM 192, hasta el penal.
Mientras que el fiscal Alcides Giménez y la comitiva policial era retenida fuera de la cárcel por el director, los internos vaciaron la furgoneta. El caso luego pasó al fiscal Manuel Rojas, quien allanó la cárcel y encontró 4 kilos y 940 gramos de marihuana y bebidas alcohólicas en el sector ocupado por Chamas y su grupo, donde funcionaba una barbería.
La jueza Penal de Garantías Teresita Cazal deberá llamar a audiencia preliminar en el caso, para determinar si la causa será elevada o no a juicio oral y público. La investigación fiscal señala que autoridades penitenciarias, en complicidad con algunos funcionarios y reos, conformaban un esquema ilícito que permitía el ingreso de grandes cantidades de estupefacientes y bebidas. Todos los acusados se exponen a una pena de entre 10 y 25 años de prisión por los hechos acusados por la Fiscalía.
