La afectada directa es la abogada y ex fiscala Liz Carolina Alfonso Alfonso, quien posee un lote de siete hectáreas de tierras, que fue invadido por un grupo de indígenas que supuestamente fueron dirigidos por funcionarios del Instituto Nacional del Indígena a la propiedad, hace casi tres años.
Mientras que sus vecinos, Erico Lemos, Pedro Torrás Maldonado, Alberto Notto y Cayo Raúl Alfonso, señalaron que reciben constantes amenazas de que en cualquier momento sus lotes van a ser ocupados por los nativos, y algunos deben pagarles para evitar ser molestados.
La ocupación inicialmente fue liderada por Teodoro Ramírez, de la comunidad de Mariscal López, que después optó por retirarse luego de admitir que se equivocaron; sin embargo, quedó en el lugar Marta Isabel Díaz de Gonçalves, una brasiguaya, con un grupo de aproximadamente 20 personas, que se resisten a abandonar las tierras, según Alfonso.
Sobre el caso existe un proceso penal con acusación por invasión de inmueble y un juicio civil posesorio, que fue rechazado en primera instancia por la jueza Eresmilda Román, supuestamente por presiones políticas, y revocada por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Perfecto Silvio Orrego, Wilfrido Óscar Godoy Martínez y Juliana Giménez Portillo.
Luego Díaz de Gonçalves recurrió a una acción de inconstitucionalidad, que fue rechazada en la Corte Suprema de Justicia y ahora el expediente se encuentra a cargo de la jueza en lo civil y comercial Ana Giménez, quien debe restituir la posesión a Alfonso Alfonso.
Los nativos sostienen que la propiedad dentro de la finca 1628 es del Indi, mientras que los informes del Indert señalan que se trata de la finca 2891, lote 31, desprendida de la finca Nº 12 de Itakyry, y que está registrada en todas las instituciones a nombre de Liz Carolina Alfonso Alfonso, que no se superpone con ninguna otra finca.
La finca 1628 es una propiedad de más de 1.300 hectáreas que había sido adquirida por el Indi, bajo la administración de Margarita Mbywangi, para la reubicación de tres comunidades Avá Guaraní, pero que existe solo en papeles, no geográficamente, según había denunciado Ana María Allen, ante la Fiscalía en el año 2019, según los antecedentes.
En los últimos días el senador Fulgencio Rodríguez es el que inició una campaña para amedrentar a los jueces, en el momento en que la Justicia debe hacer cumplir la restitución de la posesión, según la denunciante.
“En una sesión hizo una cierta amenaza a esa jueza que tiene que tomar la decisión en ese expediente, porque dijo señor presidente del Jurado de Enjuiciamientos que tenemos que estirar un poco esa carpeta para ver cómo está, refiriéndose al juicio. Es como amenazarle al magistrado, porque sabemos que en este país los jueces y fiscales están sometidos prácticamente al Jurado”, afirmó la abogada.