El comisario Ramón Cañete, jefe de Investigación de Central, habló este jueves a través de Monumental 1080 AM sobre el caso del allanamiento en la clínica de Fernando de la Mora, donde una adolescente de 16 años habría sido sometida a un aborto.
Al respecto, el uniformado señaló que, tras presentar problemas en su salud, la joven le dijo a sus familiares que fue víctima de un engaño para ser llevada a una clínica, donde se le practicó el aborto.
En ese sentido, el comisario explicó que fueron dos familiares del novio de la joven, otro adolescente de 16 años, quienes presuntamente la habrían llevado hasta el sitio.
Supuestamente, los mismos le dijeron a la joven que le iban a realizar un tratamiento de preparación posparto o control prenatal, pero tras despertarse después del procedimiento médico se percató de lo que le habían hecho.
Tras esto, los allegados de la víctima presentaron la denuncia del caso ante las autoridades. Así se inició la investigación y se llegó al allanamiento a la clínica.
La comitiva fiscal-policial también allanó la vivienda de los familiares del adolescente, que serían la tía y prima del mismo. Ambas permanecen detenidas, junto con la enfermera que se encontraba trabajando en la clínica al momento del allanamiento.
También está detenido y a cargo del Ministerio Público el marido de la propietaria de la clínica, quien hasta el momento está con paradero desconocido.
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El comisario manifestó que también procedieron a intervenir la casa de la dueña del centro, pero que la mujer tampoco se encontraba en el lugar, pese a que cuenta con una medida de prisión domiciliaria por una causa anterior.
El jefe policial aseveró que el centro asistencial estaba funcionando como una clínica privada “bien formada” para distintos cuadros y áreas, pero no contaba con autorización del Ministerio de Salud.
La fiscala Fátima Villasboa encabezó este último miércoles un allanamiento a una clínica privada en Fernando de la Mora, Departamento Central, tras un presunto caso de aborto que involucra a la joven de 16 años.
Los nombres de los adolescentes y demás involucrados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.