Es importante comprender lo mejor posible las causas del fenómeno inflacionario actual y evaluar qué esperar en adelante, debido a su impacto negativo en la economía y en el bienestar de la población más vulnerable.
Para analizar adecuadamente, es necesario enmarcar el régimen de política monetaria que tenemos en el país. Este régimen y su credibilidad es el determinante más importante de las expectativas y del nivel de inflación que experimenta una economía en el mediano plazo. En nuestro país, utilizamos el esquema de política monetaria que prevalece en el mundo, que consiste en tener un Banco Central independiente, cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de precios y conduce su política de emisión monetaria con base en la fijación de metas de inflación, de tal manera a emitir solo aquella cantidad de dinero necesaria para el fluido funcionamiento de la economía.
La meta fijada por el BCP desde el año 2017 hasta ahora es de una tasa de inflación del 4%, con un rango de variación alrededor de la misma del 2% en más o en menos; que ha cumplido acabadamente, a excepción del 2021 en que la inflación cerró en un 6,8%, superando incluso el rango de tolerancia. ¿Implica esto un cambio de régimen o del compromiso del Banco Central para lograr su meta? ¿Esta aceleración inflacionaria se origina en un exceso de emisión monetaria o tiene otras causales? ¿Qué podemos esperar en adelante? Estas son algunas de las preguntas sobre las cuales expondré seguidamente.
El régimen monetario de nuestro país se ha consolidado en la última década, tanto en el nivel de autonomía real del Banco Central como también en su capacidad técnica de implementación de la política monetaria. El Directorio es eminentemente técnico, la intervención política o sectorial es prácticamente inexistente, la formación y experiencia de los funcionarios se han incrementado sustancialmente y el compromiso con la estabilidad de precios y la meta de inflación permea en toda la institución.
Sin embargo, las medidas fiscales y monetarias tomadas en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria para mitigar los efectos de la pandemia en los ingresos de la población a partir de marzo del 2020 incrementaron la emisión monetaria en un entorno de recesión económica muy importante. Por otro lado, los precios internacionales de las materias primas como el petróleo y los productos agrícolas se incrementaron fuertemente por un aumento en la demanda de China así como los costos de transporte internacional por las congestiones en los principales puertos marítimos y la escasez de contenedores. A todo esto, se sumaron los problemas en la hidrovía. Lo más probable es que la aceleración inflacionaria que estamos viviendo desde mediados del 2021 sea resultado del impacto de esta combinación de factores en los precios al consumidor.
Con el ajuste monetario que viene implementando el Banco Central a través de incrementos en su tasa de interés, la inflación volverá al entorno de su meta del 4% anual, pero no de manera inmediata. Además, la fuerte sequía que afecta a la producción y las exportaciones agrícolas agregan nuevos elementos: el impacto recesivo de la sequía reducirá el gasto interno, mitigando la presión inflacionaria en los sectores no transables, pero los menores ingresos de divisas por exportaciones de soja generarán presiones alcistas al dólar, que conjuntamente con los persistentes altos precios de las materias primas sostendrán una elevada inflación interna de los bienes transables. Está además el efecto inercial a través del reajuste del salario mínimo a mediados de año. Este nuevo escenario debe ser considerado prudentemente por el BCP y recalibrar el mix y el timing de sus instrumentos de control monetario para reducir la inflación minimizando el ajuste adicional de tasas de interés para evitar mayores presiones recesivas a la economía. Con todo esto, nuestra estimación es que la inflación cerrará este año en torno al 5,5%.
