El Decreto 2599/19, “Por el cual se objeta parcialmente el Proyecto de Ley 6381/2019, que modifica y amplía la Ley 3728/2009, ‘Que establece el Derecho a la Pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza” fue rechazado por la Cámara de Diputados este miércoles.
La Cámara de Senadores ya había rechazado el veto, con lo que quedó sin efecto la intención del Poder Ejecutivo y quedó sancionada la normativa que universaliza la pensión para adultos mayores.
La modificación legislativa pretende cambiar la condición de pobreza por la extrema vulnerabilidad social y permite la inscripción automática de las personas adultas mayores que hayan cumplido los 65 años.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Esto es con el fin de evitar las injusticias a raíz de la burocracia existente y que muchos compatriotas, que reúnen las condiciones mínimas exigidas, queden excluidas injustamente”, defendió la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto.
La modificación incluye la inscripción automática para la pensión alimentaria de los adultos mayores en caso de que sea paraguayo/a natural o naturalizado, con por lo menos cinco años de residencia, o extranjero/a con 30 años de residencia, que estén en situación de vulnerabilidad.
Se excluye a aquellos que accedan a una remuneración ya sea del sector público o privado, que tenga obligaciones del impuesto a la renta personal (IRP) y que en su declaración jurada del impuesto al valor agregado (IVA) informen de ingresos superiores a dos salarios mínimos y aquellos que posean 30 cabezas de ganado.
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El principal fundamento por el cual el Poder Ejecutivo devolvió el documento al Legislativo es que no hay fondos para financiar dicho subsidio, que demandaría un gasto de USD 450 millones.
Además, desde el Ejecutivo se cuestiona que la propuesta tiene artículos que se prestan a la ambigüedad. Aseguran que con la modificación se duplicará la cantidad de beneficiarios.
Desde el año 2013, el Estado paraguayo otorga un subsidio mensual de G. 500.000 a los adultos mayores en situación de pobreza. Esto significa un desembolso de USD 200 millones al año. Son 192.578 los beneficiarios. El documento vuelve al Poder Ejecutivo para su promulgación.
