Con el endurecimiento de las exigencias para la disponibilidad de información financiera de las personas, las entidades de plaza cesarán sus acciones de oferta de créditos, se enlentecerá la aprobación de préstamos y los segmentos de menores ingresos quedarán excluidos del sistema formal, debido a que se dificultará el análisis del comportamiento crediticio de los potenciales clientes.
En esto coincidieron Juan Carlos Martin, gerente del banco Atlas; Fernando Paciello, vicepresidente de Basa, y Beltrán Macchi, directivo de Visión, en respuesta al proyecto de ley que reglamenta la información de carácter privado, más conocida como ley anti Informconf, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
Martin señaló que al establecer que las consultas a Informconf y otras empresas similares en el ramo sean expresamente autorizadas por el afectado para cada caso en particular, se limitará la proactividad que puedan tener las entidades financieras para ofrecer créditos a sus clientes.
“Hoy, los clientes que se acercan a un banco a solicitar un crédito, al firmar una solicitud están autorizando que se consulten sus datos en la base de Informconf. Hoy día, los bancos salen a ofrecer sus servicios y con esta ley se pretende que los bancos se queden esperando a que los clientes nuevos vengan”, dijo.
En cuanto a la intención de evitar difundir datos de deudas de una persona que en su totalidad no alcancen los cinco jornales mínimos, salvo que haya sido reclamada judicialmente, consideró que generará un aumento de las tasas de interés que se aplican a los créditos de menor tamaño y una exclusión de los sectores de menores ingresos económicos. Esto debido a que al no poder acceder a la información sobre las deudas, se incrementará el riesgo del cliente en cuestión.
“Toda falta de información lo único que logra es aumentar el riesgo, ese aumento del riesgo se traslada al precio: en la medida en que la operación que hagas es riesgosa, se cobra un precio más caro para cubrir ese riesgo”, recalcó.
Fernando Paciello añadió las dificultades que se pueden presentar a la hora de tener que refinanciar los créditos, especialmente en un año de desaceleración económica, momento en que aumenta la demanda de este producto. Argumenta este riesgo diciendo que para ajustar las tasas y los plazos en los que se pautó una deuda, es necesario acceder de manera ágil al historial de los clientes, especialmente para comprender su capacidad de recuperación ante eventos adversos.
“En el microcrédito, el crédito personal, de montos menores, el historial crediticio es muy importante y si eso se va a burocratizar, se van a enlentecer los tiempos de respuesta del sistema y es posible que no lleguen los créditos en el momento requerido o que eventualmente no lleguen”, sostuvo.
Tanto Paciello como Martin reconocieron que la situación de exclusión ya se dio como resultado de la implementación de la ley de tarjetas, que al fijar un techo a las tasas de interés terminó beneficiando a los sectores de mayores ingresos.
SUGERENCIAS. Beltrán Macchi recalcó que el acceso al sistema financiero formal es un camino seguro al desarrollo de las personas y del país en su conjunto. Advirtió que con “visiones populistas” solo se logra perjudicar a quienes supuestamente se pretende proteger y ayudar. “Es hora (de) que la inclusión deje de ser un discurso y se traduzca en leyes que la impulsen y no que la castiguen”, exclamó.
Martin adelantó que los gremios presentarán sus posturas al Senado, instancia a la cual se eleva el proyecto de ley.
Llamado al orden
Beltrán Macchi recordó que existen seis proyectos sobre el tratamiento de datos personales presentados en Diputados y Senadores, e instó al Congreso Nacional a tener algún sistema para consolidar y priorizar las distintas alternativas de legislación planteadas. “En Senadores está el proyecto del senador (Fernando) Silva Facetti, que es más abarcante y creemos que es el proyecto que podrá aportar positivamente”, dijo.
