El sumario administrativo que la Dirección Nacional de Aduanas abrió a la firma Insumos Médicos SA por el ingreso irregular de camas hospitalarias que pretendía entregar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en el marco de las compras de emergencia Covid-19, concluyó con una sanción a la firma importadora por defraudación y no por contrabando.
La condena de Aduanas por defraudación a Imedic SA es de una multa de G. 2.180 millones, por subvalorar el flete aéreo en la importación de camas hospitalarias.
Al respecto, analistas legales advierten que “la sanción impuesta tiene como presupuesto a la subvaloración del valor del flete, lo que califica como defraudación, pero no hace mención al ingreso no declarado de 50 camas hospitalarias, y su posterior egreso del territorio aduanero sin contar con la documentación requerida, lo cual constituye contrabando”. Esto sería una maniobra que busca blanquear al clan Ferreira, advierten.
La resolución aún no está firme, ya que es apelable ante el director nacional de Aduanas. En la causa están imputados Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, además de la directora de Imedic SA., Nidia Godoy. También están procesados Carlos Gamarra, Lauri Pohl, Guillermo Molinas, Gustavo Acosta y Mario Olmedo y el despachante Néstor Domingo Ramírez Giménez.

EL CASO
Según la carpeta fiscal, el agente Osmar Legal imputó a los representantes de Insumos Médicos SA, a funcionarios de Aduanas y al despachante de Aduanas, por los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por el egreso irregular del recinto aduanero de 50 camas hospitalarias que no figuraban en la guía área, ni en las documentaciones presentadas para la obtención de la autorización correspondiente.
La imputación menciona que el hecho contó con la colaboración activa y esencial de funcionarios aduaneros, que omitieron realizar los procedimientos previstos para los casos de “exceso de mercadería”.
Sin embargo, con lo resuelto ahora por Aduanas tras culminar el sumario, no es más que una maniobra para favorecer al clan Ferreira, ya que se pretende dar la apariencia de una sanción adecuada a derecho, pero en realidad se favorece a la firma importadora al no calificar el hecho como contrabando, alertan.
Afirman que el dictamen favorece a firma
Según este análisis, “con esta decisión resultan favorecidos los representantes de la firma Insumos Médicos SA, ya que la defraudación no es un hecho punible, como sí lo es el contrabando, de acuerdo con lo que expresa la disposición del Código Aduanero. En su artículo 336 dispone que el contrabando constituye, además de una infracción aduanera, un delito de acción penal pública, castigado con hasta cinco años de pena privativa de libertad. Además, advierten que “resulta evidente que se pretende influir en el actuar del Ministerio Público, que debe decidir si formula o no acusación en contra de las personas a las que imputó por contrabando”. El representante fiscal de Aduanas tiene el plazo de 5 días para apelar la resolución ante el director nacional de Aduanas.