El tiempo pasa. Unas 13 familias que fueron desplazadas por la construcción de la avenida Costanera II en la capital reclaman conocer el lugar donde serán asentadas. Desde hace un año esperan la respuesta de las autoridades en el refugio donde fueron reubicadas temporalmente.
Liliana Brítez, una de las integrantes de las familias afectadas, señaló que hasta ahora aguardan una resolución que indique cuáles serán las tierras donde serán reubicadas estas familias. El refugio, que fue bautizado como “Esperanza” por los pobladores asentados ahí, cuenta con casas hechas con madera terciada.
El ingeniero Eduardo Calderini, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC) y encargado de la Costanera Norte, mencionó que siguen esperando que la Municipalidad de Asunción indique cuáles serán los terrenos destinados para la construcción de las nuevas viviendas.
Pedido. María García, referente de la Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado Norte (Codeco), comentó que para los pobladores afectados por la obra, existía la opción de indemnización. A través de la organización, se logró que otras personas tengan la posibilidad de seguir en el lugar. Para muchos, que hace varios años llegaron al sitio, dijeron, desplazarse significa perder su sustento diario.
Comentó que la incertidumbre está presente en varios pobladores de la zona de Caacupemí, distante a unos tres kilómetros del acceso vial. Señalaron que ese sitio fue declarado como reserva. Sin embargo, existe una versión de que ahí se construiría un estadio de fútbol de un club de Primera División. “Es contradictorio que digan que no se pueden construir viviendas pero sí se habla de que se hará un estadio”, señaló García.
Con respecto a este rumor, Calderini mencionó que no existe comunicación oficial sobre la construcción del recinto deportivo.
El referente del MOPC indicó que las familias que fueron afectadas por la franja de dominio ya recibieron la correspondiente indemnización. Enfatizó además que nadie puede volver a ocupar dicha franja.
Los pobladores aseguran que no fueron consultados ni informados debidamente y que en muchos casos sus preguntas no recibieron respuestas. Por tal motivo, la Codeco, con el acompañamiento del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Py), presentaron una denuncia sobre este tema a la Defensoría del Pueblo, a la cual le dan seguimiento.
