Para la analista, lo relevante del Gobierno es la consolidación del proyecto político y económico del cartismo, que tiene como ejes predominantes “al sector financiero especulativo junto con el espacio ilícito e ilegal de acumulación de capitales, que se combinan con un modelo de gestión estatal sumamente autoritario, regresivo y conservador, con foco en el desmantelamiento de derechos sociales, políticos y económicos”.
Un factor importante en el modelo cartista es el aprovechamiento de una tendencia de la sociedad paraguaya hacia el autoritarismo, indica González, que es una estrategia para avanzar contra los sectores populares organizados.
“Hay que tener claridad en que la gestión estatal en Paraguay ha tenido históricamente un contenido sumamente autoritario, vivimos en una sociedad autoritaria que reivindica la violencia y el abuso disfrazado de ‘disciplina’. El proyecto cartista del cual Peña es solo una pieza en el tablero de ajedrez, refuerza los rasgos autoritarios de la sociedad para reimpulsar una ofensiva hacia los sectores populares más organizados”, manifestó.
Esta ofensiva está muy bien dirigida, y es contra los sindicatos y toda la clase trabajadora tanto del sector público como privado. La ley contra las organizaciones no gubernamentales es la principal muestra, luego de su sanción por el Congreso y en espera de su veto o promulgación. “Esto claramente puede observarse en la ofensiva hacia la sindicalización y los sindicatos que no se subordinan al proyecto de dominación cartista, una ofensiva hacia la clase trabajadora tanto del sector público como privado. Considero que la ley anti-ONG es síntesis de este proyecto de dominación que busca disciplinar y silenciar a las voces disidentes”, sostuvo.
Otro factor muy importante en esta instalación de una nueva forma de Gobierno es la transición hacia un nuevo sistema de producción agraria, y en esta mirada es central observar la avanzada hacia el Chaco. “Un dato no menor es la transición hacia un nuevo patrón de reproducción del capital agrario que tiene por foco al sector silvopastoril y el monocultivo forestal, destinando grandes cantidades de recursos a financiar la explotación de los bienes comunes y los recursos naturales. La avanzada hacia el Chaco es claro ejemplo de ello”, remarcó.
Finalmente, un aspecto esencial, que es el financiamiento. El cartismo es el único Gobierno que en los últimos años definió un proyecto para el sector dominante, y su respaldo, entre otros, es el sionismo internacional, que tiene como figura preponderante a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.
Gran parte de la clase empresarial dominante fortalece su negocio a través de todo el grupo vinculado a ueno bank, ayudado por el Estado, donde hasta el presidente Santiago Peña tiene acciones. “En mucho tiempo, la clase dominante paraguaya, no ha tenido un proyecto político económico tan claro como lo tiene hoy el cartismo, con respaldo de los organismos financieros internacionales”, remató.
El abogado Manuel Riera Escudero sostiene que la ley anti-ONG es un golpe mortal para la libertad. Señala que si bien se cree que la Constitución es una regla de conducta, la verdad es que se trata de un límite al poder, pero en este país no se entiende de esa manera. “En un país hay dos sectores, el público y el privado. El poder público tiene el monopolio del poder. El poder por definición no se autolimita. El poder por definición siempre se desborda. El poder por definición siempre quiere más. Esto quiere decir que lo que el poder consiga lo hace en detrimento del sector privado. Cuanto más avance el poder solo puede avanzar sobre nosotros. Cuando el sector privado avanza, avanza sobre el sector público”, apunta. Riera subraya que la tensión se produce entre los excesos de poder, por un lado, del Estado y por otro la defensa del sector privado, cuando salen de sus ámbitos de incumbencia. “El problema está en que hay una ecuación maldita que son los políticos, los burócratas y los empresarios oportunistas. Los políticos generan el marco jurídico. Todo el régimen legislativo tiene condimento político. Los burócratas gestionan y los oportunistas son los que le sacan provecho. Y elijan el Gobierno que quieran, de la administración que quieran y van a ver qué empresarios oportunistas están prendidos a los negocios que gestionan los burócratas que delimitan los políticos”, expresa. El abogado es enfático en señalar que la única capaz de frenar estos excesos y de romper este círculo vicioso es la sociedad civil organizada. “Si nosotros seguimos con organizaciones gremiales y sindicales débiles como las que tenemos ahora, que tienen facturas que cobrarle al Estado y eso les obliga a moderar su lenguaje, no vamos a poder enfrentar los excesos del poder”, indica.
