Martens sostiene que, si bien todo el Estado ya tiene infiltración criminal, dentro de las instituciones hay funcionarios y grupos que actúan como un movimiento de resistencia, al apegarse a la ley, sin siquiera estar conectados entre sí e involucra además a otros actores, como docentes, comunicadores y organizaciones. Se trata de una tensión permanente con la estructura de la mafia.
Otro elemento del análisis del profesional es la necesidad de una fuerte inversión en una gran investigación patrimonial, porque la única forma de contrarrestar la acción de la mafia es atacar sus bienes. La cárcel no es garantía, porque sus estructuras siguen operando si no se toca el financiamiento.
“Necesitamos que la Senad sea más fuerte, no que filtre información. Sin embargo, el dinero del narcotráfico es lo que vuelve poderosa a la mafia; por eso, más que la Senad y más que la Policía, necesitamos fiscales y jueces que incauten sus bienes. Senabico tiene que fortalecerse, porque en la medida que se congelen activos y se saque de circulación ese dinero de la economía, se evita que se compre a funcionarios y armas”, manifestó.
La cárcel no es obstáculo para el crimen, por eso se debe congelar el dinero narco que es su gran fuente de poder, ya que actualmente estas estructuras son una red muy profesionalizada con contadores, abogados, lavadores, entre otros, que permiten la producción y la generación de renta. Una investigación patrimonial, por tanto, implica afectar a todo su círculo cercano.
Cooperación. Paraguay depende de la cooperación internacional porque es un país con capacidad reducida para combatir el crimen; además, la actividad mafiosa de esta zona afecta toda la región, por lo que era de esperarse que la DEA permanezca, por sus propios intereses, fue lo señalado por Martens.
Los países cooperantes conocen de la fragilidad institucional de Paraguay y de la corrupción en la Senad y la Policía; por ese motivo, en las operaciones se incluye a algunos grupos y se excluye a otros, dependiendo de cada caso, como sucedió en el allanamiento de la casa de Lalo Gomes, donde la Senad quedó fuera. No se deja de trabajar con las instituciones, solo se buscan estrategias.
Martens comentó que existe un caso reciente que pudo conocer, en el que el poder político intentó remover a un alto funcionario de una unidad especializada, pero la Embajada de Estados Unidos pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que permanezca, por considerarlo de confianza.
Caso Abdo. Una de las pruebas de que la Fiscalía también está tomada es la forma en que se armó el proceso contra Mario Abdo y sus ex funcionarios. “La forma en que se tramitó la presentación de la acusación, la renuncia del fiscal, la sustitución inmediata, la firma de la carpeta, llama mucho la atención, rodea de sospechas a la causa y deslegitima la función jurisdiccional del Ministerio Público”, expresó.
