La agricultura familiar en Paraguay sufre el abandono del Estado y de las políticas públicas, a diferencia de otros sectores que cuentan con innumerables instrumentos que les benefician y ayudan a mejorar su productividad y competitividad. Hay instituciones públicas cuyos fondos están casi por completo destinados a mejorar las condiciones de producción y exportación de commodities, incluyendo la investigación en mejoras genéticas y para la adaptación al cambio climático.
La distribución de tierras tampoco beneficia a la producción de alimentos para la población paraguaya. Uno de los problemas fundamentales en Paraguay es la concentración en pocas manos. Los censos más recientes muestran, además, que la situación empeora y eso se refleja en el crecimiento desordenado de los polos urbanos y sus áreas metropolitanas. Miles de jóvenes y adultos provenientes de las áreas rurales tratando de sobrevivir con la venta callejera, cuidando autos, limpiando vidrios o en otras changas que no les permiten dejar la pobreza y, menos aún, la exclusión y discriminación social.
El segundo problema es la comercialización. La agricultura familiar tiene la potencialidad de producir y bien, pero se encuentra con una intermediación oligopsónica, producto de la concentración de riqueza y poder. La falta de infraestructura para lograr una mayor autonomía en la comercialización es parte de los obstáculos. ¿Cuánto de la inversión de infraestructura financiada con el endeudamiento en la última década se destinó a crear mejores condiciones para la agricultura familiar? A la escasa rentabilidad generada por los bajos precios pagados por la intermediación se agrega el contrabando que termina por destruir el esfuerzo de los productores.
La falta de implementación del programa de alimentación escolar con compras de la agricultura familiar impide que las fincas y pequeñas empresas se beneficien con el sistema de adquisiciones públicas y los márgenes de preferencia del 40%. Este es un privilegio disfrutado por unas pocas empresas grandes y negocios prebendarios, pero que concentran gran parte de las compras públicas. Paraguay cuenta con el marco legal necesario, pero no lo aplica.
El tercer problema es la falta de políticas para enfrentar la crisis climática. A pesar de que la agricultura familiar contribuye a reducir sus efectos por su manejo y respeto a los ecosistemas, es uno de los sectores que menos se están beneficiando con la investigación en semillas más resilientes y con la inversión en infraestructura. El mejor indicador es el presupuesto público casi sin recursos para financiar la producción de alimentos necesarios para el consumo familiar.
Las políticas actuales son contradictorias. Por un lado, el Gobierno apunta a la generación de empleos, a la reducción de la pobreza y a eliminar el hambre de niños, niñas y adolescentes como objetivos prioritarios, pero por otro deja olvidada a la agricultura familiar, principal instrumento de política para lograr esos tres objetivos.
Los beneficios de la agricultura familiar no se limitan a los anteriores. La inflación de alimentos que afecta al 97% de las familias paraguayas se mitiga con producción de alimentos a precios justos, miles de micro y pequeñas empresas en el sector gastronómico mejorarían su desempeño si tuvieran acceso continuo y a precios previsibles. Además, hay por lo menos siete cadenas de valor cuyo principal insumo proviene de la agricultura familiar.
El abandono a la agricultura familiar perjudica a toda la población y a las posibilidades de crecimiento y desarrollo. El Gobierno no tendrá éxito en ninguno de sus objetivos si no toma en serio la eliminación de los obstáculos que enfrenta este sector.
