La agricultura familiar representa un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y la estabilidad macroeconómica. Su rol en la oferta de alimentos sanos y en la mitigación de la inflación es central, permitiendo al país y a su población ser menos vulnerable a los choques exógenos y a las crisis económicas globales o el cambio climático. En las últimas décadas se han sucedido al menos una crisis financiera, las consecuencias de la crisis climática se están agravando y hemos pasado por una epidemia global cuyas consecuencias se trasladaron a las cadenas de suministros. Todas estas crisis afectan de manera directa a los precios de alimentos lo que obliga a tomar medidas en favor de la población.
Por otro lado, la dinámica inflacionaria está ligada también a los riesgos de dependencia de importaciones y a la volatilidad del tipo de cambio, factores que hoy tensionan la economía paraguaya.
La agricultura familiar, centrada en cultivos como la mandioca, el maíz, porotos y hortalizas, garantiza el abastecimiento de mercados locales y de alimentos acordes con la cultura gastronómica, reduciendo la necesidad de importar productos básicos.
En un contexto global marcado por alzas en los precios de commodities y disrupciones en cadenas de suministro, esta producción interna mitiga presiones inflacionarias. Cuando eventos climáticos, como sequías, olas de calor o inundaciones, afectan la producción local, Paraguay se ve obligado a incrementar las importaciones de alimentos, principalmente desde Argentina y Brasil. Estas compras externas realizadas en dólares, elevan la demanda de divisas, presionando al alza la cotización del dólar en el mercado local.
La apreciación del dólar no solo encarece las importaciones, trasladando costos a los precios internos, sino que también incrementa los gastos de insumos agrícolas importados, como fertilizantes y maquinarias, afectando incluso a los pequeños productores. Este círculo vicioso refuerza la inflación alimentaria. Además, la dependencia de divisas limita la capacidad del Gobierno para implementar políticas monetarias sin riesgo de devaluación.
Desde 2019, la inflación de alimentos ha sido persistentemente mayor que el promedio general, en algunos años incluso más del doble generando dificultades en los hogares para una buena nutrición y poniendo límites al impacto de las políticas públicas que se dirigen a la reducción de la pobreza.
La sinergia entre agricultura familiar y el control inflacionario requieren el fortalecimiento de la autosuficiencia productiva. Inversiones en infraestructura rural, acceso a créditos blandos y tecnologías sostenibles podrían potenciar la resiliencia del sector, reduciendo la necesidad de importaciones al aumentar y diversificar la producción y la productividad.
La agricultura familiar no solo es clave para la seguridad alimentaria, sino también para contener la inflación en la mayor parte de la población vulnerable a la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos producto de la inflación. Mitigar los riesgos de importación y la volatilidad cambiaria requiere políticas integrales que prioricen este sector, transformándolo en un escudo contra la inseguridad económica global cada vez mayor.
Sin una política integral dirigida a la producción de alimentos para el consumo interno, tanto directo por parte de los hogares como de la industrial alimenticia, el país seguirá expuesto la inflación impulsada por la débil oferta de alimentos nacionales, la fragilidad del dólar y la dependencia de los mercados internacionales.
Un rol fundamental e intransferible del Estado es la seguridad alimentaria, lo que incluye el acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias. Los problemas derivados de la inseguridad alimentaria se observan en la salud nutricional, cuyos indicadores se encuentran en constante deterioro en los últimos años en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno no puede permanecer ajeno al problema.
