Cachorrão, quien sería miembro del PCC, fue liberado tres horas después de conocerse la decisión del Tribunal de Sentencia –integrado por las juezas Carmen Silva Bóbeda, Juana Aguirre y Mirna Soto–, ya que así (liberación inmediata) lo establecieron en el fallo. El hombre, sin embargo, cuenta con código rojo emitido por la Interpol; es decir que cuenta con una orden de captura internacional por pedido de Brasil y ahora está libre.
El fiscal Andrés Arriola, quien defendió la causa en el juicio oral, explicó que Interpol debía comunicar a la Fiscalía General ese dato y que a través del Ministerio Público se debía solicitar que el juez penal emita la orden.
Sin embargo, sostienen que dicha comunicación nunca se realizó.
OTRA VERSIÓN. Por su parte, desde el Departamento de Interpol de la Policía Nacional compartieron un comunicado donde recordaron que los efectivos policiales no tienen facultad de “realizar la detención de las personas, aun con notificación roja, sin orden judicial pertinente”.
Por otra parte, dijeron que sí comunicaron el código rojo. “La dependencia técnica encargada ha realizado en tiempo y forma la comunicación sobre la situación del mismo, a la instancia correspondiente”.
Adelantaron que el comisario Carlos Duré, jefe del Departamento, dará más datos en una conferencia de prensa, mañana (lunes), a las 8:00, en la Oficina Central Nacional de Interpol, en Asunción.
SE EVALUARÁ. Por otra parte, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que se realice una “auditoría de reacción inmediata” al expediente de la causa, luego de que se haya dictado su absolución.
Esto se hizo a pedido del ministro de la Corte, César Manuel Diesel.
El Ministerio Público, por su parte, también sacó un comunicado, en el cual lamentó la decisión del tribunal de absolver, pese a las pruebas por homicidio doloso y asociación criminal.
Una de las evidencias fundamentales –según la Fiscalía– es una pericia telefónica que afirman que “llamativamente fue excluida” por el tribunal, tras un incidente planteado por la defensa.
Los abogados del acusado ya habían pedido la exclusión ante el juez penal y fue rechazada, y volvieron a plantear ante las juezas de Sentencia.
Se trata de una prueba del celular de Waldemar, que había sido incautado en la cárcel de Coronel Oviedo y que fue sometido a peritaje.
Allí, según el fiscal, había conversaciones con miembros del PCC, quienes también estaban recluidos y hablaban de la venta de drogas, y sobre dinero, lo que demostraría sus importantes vínculos con la estructura criminal.
Según el tribunal, la Fiscalía no hizo el trabajo en forma, e incluso mencionaron al fiscal Marcelo Pecci (asesinado), quien inició la causa.
La sospecha contra Cachorrão es que fue supuesto cómplice en el homicidio de Veras, al proveer el material logístico a los presuntos sicarios. En la propiedad de su hermana se encontró una camioneta Jeep Cherokee que aparentemente fue utilizada para el crimen.