La Constitución Nacional establece, en su artículo 266, que el Ministerio Público “representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones”. La Fiscalía General, según la ley, representa a la sociedad para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales. Entre sus competencias se encuentra “promover la acción penal pública en defensa del patrimonio
público y social, del medioambiente y de otros intereses difusos, de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte”.
La ley le otorga toda la autonomía necesaria para realizar satisfactoriamente su labor, sin tener que aceptar presiones o imposiciones de ningún sector político. La controversia alrededor de la gestión de la fiscala general Sandra Quiñónez, resuelta ayer en la Cámara de Diputados, echó sombras de dudas sobre su administración y es hora de que se decida a mejorar su labor al frente del Ministerio Público, pues haciendo bien su trabajo es como podrá despejar las acusaciones y las sospechas.
Quiñónez también debe tener claro que el resultado obtenido en la Cámara Baja –el archivo del pedido de juicio político– no es una carta blanca para seguir el mismo rumbo y debe tomar nota de los cuestionamientos. Algo debe cambiar, y sobre todo un mensaje deberá ser enviado, particularmente a la ciudadanía que está muy insatisfecha con su trabajo. El malestar ciudadano debe ser considerado en toda ecuación.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSandra Quiñónez debería tomar esta situación como un desafío personal y resolver con celeridad y eficiencia todos los casos pendientes en la institución que ella encabeza. Una de sus preocupaciones debería ser revertir la pésima imagen que la ciudadanía tiene de la Fiscalía.
El libelo acusatorio que fuera presentado contra Quiñónez constaba de 13 puntos. Eso no puede quedar en la nada. Todas y cada una de las acusaciones de los diputados que pidieron su juicio político deben ser respondidas. Ella debe tener una réplica ante cada acusación, particularmente sobre la que señala que obró de manera parcial en varias causas que involucran al cartismo, situaciones en las que el Ministerio Público omitió intervenir o avanzar en las investigaciones. Quiñónez tiene la
obligación de mostrarle al pueblo paraguayo que es para quien trabaja y no para determinados grupos de poder.
Asimismo, se deberá aclarar si es cierto que la cabeza de la Fiscalía General del Estado habría operado pasivamente, al omitir la persecución penal en denuncias de crimen organizado, lavado de dinero, contrabando, especialmente de cigarrillos. Lo mismo que en otros casos en los que se le acusa de inacción, como el del Metrobús, el de Darío Messer y el asesinato de Rodrigo Quintana, entre otros casos.
El Ministerio Público es una institución fundamental del Estado y su función es irreemplazable; por lo tanto, Sandra Quiñónez tiene ahora el desafío de mostrar que es independiente y eso lo logrará cumpliendo más eficientemente su trabajo y sin demoras.