La historia colonial es para el guaraní una progresión de males que parece no tener fin ni límite, escribió Bartomeu Melià, jesuita, lingüista y antropólogo. “El peor de todos los males coloniales será simplemente negarles a los guaraní la tierra”.
¿A dónde ir?, planteaba Melià, “Tanto a Oriente como a Occidente la misma devastación, el mismo cerco. Aquella tierra que todavía no ha sido traficada ni explotada, que no ha sido violada ni edificada (que era una de las proyecciones ideales de la tierra-sin-mal: yu- marane’y) simplemente no existe más”.
En esa misma línea se pregunta Daniel Villalba, 22, “¿Qué más lo que vamos a hacer?, adónde más nos vamos a ir? A dónde nos vamos, a Brasil o Argentina?”.
El joven que nació en este distrito y vivía hasta hace unas semanas en la comunidad Hugua Po’i, reclama: “Está mal lo que nos hacen, ahora todo es soja, no hay más kaaguy; antes vivíamos en el monte y ahora echaron todo, no nos sopla el viento que nos da fuerza y alegría; ahora vienen a fumigar la soja y con el viento nos trae el veneno”.
Hace dos semanas 50 familias del pueblo Mbya Guaraní, en el distrito Raúl Arsenio Oviedo, en Caaguazú fueron desalojadas. Daniel relata que los cascos azules rodearon a la comunidad y que destruyeron el kokue de la comunidad. “Nosotros vivimos primero acá, después vinieron los españoles y después vienen los paraguayos; nosotros éramos los primeros dueños de estas tierras. No merecemos vivir así en la calle en nuestro propio territorio”.
KAAGUYGUA
La antropóloga Marilyn Rehnfeldt hizo su tesis sobre los monteses, quienes vivían justo en la zona que es ahora Caaguazú. Explica que todas las cartas anuas de los jesuitas se refieren a esa zona como zona de ocupación de los kaaguygua, los monteses; nombran incluso el tipo de cestería que hacían, que es exactamente la cestería que ahora hacen los Mbya.
Refiere asimismo que todas las personas que vinieron al país, Nicolás del Techo, Azara, escribieron cartas o relatos de viajes desde la época de la colonia; son documentos que datan de cientos años atrás.
Las cartas anuas eran el informe mensual que los jesuitas enviaban al Papa, informes en el que detallaban todo lo que veían y encontraban; eran descripciones de los indígenas que ocupaban esa zona.
“En mi trabajo, que se llama Etnohistoria de los kaaguygua de 1619 a 1700 cito todos los datos que yo encontré sobre los indígenas de esa zona. Está probado, pero aquí esos documentos no sirven”, apunta la antropóloga. La antropóloga conoce bien el largo litigio por estas tierras y apunta que en el año 1977 la cooperativa denominada Sociedad Civil Tres Palmas había comprado estas tierras con toda la comunidad indígena adentro, dando inicio a un largo conflicto judicial. Por un lado, Tres Palmas reclama como suyas las tierras indígenas y por el otro los Mbya la reivindican como suya.
COLONIZACIÓN
“Desde los años 60, la situación de los Mbya en Caaguazú se vio afectada debido a la ocupación de su hábitat tradicional por diferentes proyectos de colonización. También se inicia una masiva venta de tierras fiscales a latifundistas, empresas agropecuarias y forestales, sin considerar que esas tierras estaban habitadas por pueblos indígenas”, explica.
Menciona la Constitución Nacional, que señala que no se les puede desalojar a los indígenas. “Son tierras que ellos ocupan desde hace muchísimo tiempo; no es cierto que esas tierras no son suyas. El tema está que aquí en Paraguay tenemos, como decía un jefe de Catastro, ‘Paraguay es como un edificio de 17 pisos, hay un título encima del otro, y van creando títulos”.
Es como lo que decía el padre Melià, señala la antropóloga: “Lo que les pasa a los indígenas ahora nos va a pasar a nosotros dentro de muy poco tiempo, ya no vamos a tener más agua no vamos a tener ríos, no vamos a tener más tierras, porque va a estar arrasada por la soja”.
Finalmente, sobre el rol del Estado opina que este decidió simplemente desentenderse. “Es una gran desprotección, y creo que pronto también el ciudadano común se va a sentir así”, dijo.
Abogado de Tres Palmas aclara sobre propiedad y el desalojo de indígenas
Mario Vega, representante legal de la firma Tres Palmas, solicitó derecho a réplica respecto al desalojo de la comunidad Hugua Po’i del pueblo Mbya Guarani, en el distrito Raúl Arsenio Oviedo, en Caaguazú.
Señaló que la finca 1.616, con una superficie total de 1.021 hectáreas, cuenta con mensura judicial. “Estaba totalmente alambrado hasta el año 2019, cuando fue invadida por este grupo de personas mezclado entre indígenas con supuestos campesinos sin tierra. Ellos ingresaron en el año 2014 a ocupar las reserva de la propiedad”.
Al inicio se instalaron al borde del monte, relata, y no molestaban a los miembros de la Sociedad Civil Tres Palmas para desarrollar actividades agrícolas, pero después comenzaron a atacar las maquinarias e impedir que se cultive. Agrega que los ocupantes no obstruían las labores agrícolas porque ellos sacaban madera. “Cuando esta se terminó apuntaron por otro objetivo que es arrendar la propiedad de mi cliente”, señaló.
Vega asegura que tuvieron la sentencia definitiva en 2014 y que esta fue recurrida por el Indi, y que se le dio intervención a todas las instituciones correspondientes.
“Nosotros seguíamos una conversación para que se retiren en forma voluntaria para no ejercer la fuerza pública, y aproximadamente dos años atrás ellos no permitían la siembra, lo que generó mucho perjuicio a mis clientes”.
El abogado aclaró que las 1.021 hectáreas corresponden a más de 12 familias que conforman Tres Palmas. “Es mentira que ellos tenían cultivos; ellos se mantenían con la madera; ellos llegaron a arrendar la propiedad, vendieron los postes arrancaron los alambrados, el lugar se convirtió en una especie de aguantadero”.
“El desalojo fue pacífico, no se utilizó la violencia; al contrario, ellos llegaron a atacar un tractor agrícola; los que fueron desalojados se encuentran cada uno en su parcela en las comunidades vecinas de donde salieron para ocupar en forma ilegal estas tierras”, dijo y agregó que 6 de las personas que estuvieron ocupando el lugar cuentan con orden de captura por venta ilegal de madera.
