En un comunicado, AI consideró que la decisión venezolana, que entra en vigor el próximo 10 de septiembre, “no sólo representaría una disminución de las garantías para el goce de los derechos humanos” de los venezolanos, sino un golpe al sistema interamericano y el desconocimiento del compromiso de Venezuela de ratificar de forma universal los instrumentos interamericanos de derechos humanos. La organización defensora de los derechos humanos mostró su extrañeza por el hecho de que Venezuela haya participado en importantes desarrollos regionales en estos temas hasta hace bien poco, e incluso el 23 de marzo pasado firmó un acuerdo en el que se instaba a reconocer la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en el marco de reuniones como la Unasur o el Mercosur, Venezuela también apoyó “iniciativas para lograr la ratificación universal de la Convención Americana”.
“Más allá de la notoria inconsistencia de la posición del Gobierno venezolano, la entrada en vigor de la denuncia presentada por Venezuela significaría una clara violación de los compromisos asumidos por ese país y pondría a Venezuela a la par de un reducido grupo de Estados americanos que no proveen a sus habitantes de las protecciones que la Convención brinda”, señaló AI. efe