Mientras la ciudadanía todavía no se repone de la sorpresa y el enojo por el aumento que se autoasignaron en el Parlamento, el Gobierno de Santiago Peña inicia el nuevo año con impopulares medidas que supondrán un duro golpe para la economía familiar. Es así que se ha determinado una nueva base imponible para el pago del impuesto inmobiliario, que supone un aumento, así como también los nuevos valores de patentes para rodados y los aumentos en los peajes administrados por el Ministerio de Obras Públicas.
Las nuevas tasas de peajes rigen así para Ecovía (ruta que une Luque con San Bernardino), Caapucú y Coronel Bogado, también en Pastoreo (km 205+717) y Minga Guazú (km 305+717) concesionados de la ruta PY02.
La manifestación ciudadana contra el aumento del peaje en Coronel Bogado, Itapúa, es una prueba de que los usuarios no están de acuerdo y, por eso, la protesta ha sido masiva. Al malestar que generó la intervención policial deben sumarse las declaraciones de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien hizo una sugerencia que rápidamente fue motivo de burla. Ella había sugerido a los pobladores de la zona aumentar el precio de la chipa, sin duda, un símbolo de Coronel Bogado, para poder asumir el aumento del peaje. La idea no tuvo la recepción esperada y avivó la indignación.
Al final, se decidió trasladar el puesto de peaje fuera de la zona urbana, en la jurisdicción de General Delgado. Ahora los habitantes de General Delgado también expresaron su oposición a la instalación del peaje en su área y, al final, la nueva ubicación estará fuera del área urbana, entre la frontera departamental de Itapúa con Misiones.
Otro de los regalos que no ha sido del agrado de la población son los nuevos valores de patentes para rodados, habilitaciones vehiculares. La ley N° 7447/2025 sobre el impuesto a patentes de los rodados, popularmente conocido como habilitaciones vehiculares, se volvió completamente impopular y contempla el reajuste de costos suponiendo otro golpe al bolsillo del ciudadano. La crítica ciudadana apunta el hecho de que el dinero recaudado es usado para mantener a la clase política que en los municipios nada hace para reparar calles rotas ni proveer servicios eficientes.
Estos aumentos, suponen asimismo otro frente de conflicto. La Municipalidad de Villa Elisa anunció una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 7447/2025 que establece nuevos costos para la habilitación de vehículos, unificados para todos los municipios del país. Señalan que en la creación de un tributo se debe tener en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos y la economía del país.
Por la misma razón, camioneros, conductores de plataforma y de transporte escolar, anuncian movilizaciones contra de la suba del costo de las habilitaciones de vehículos y de los peajes, al tiempo que exigen discutir con el Gobierno.
El tercer golpe que ha sufrido la ciudadanía en lo que ha transcurrido del nuevo año es la actualización del impuesto inmobiliario. Por el Decreto N° 2105, se dispuso actualizar los valores fiscales de los inmuebles que servirán como base imponible para determinar el impuesto inmobiliario del 2025, el reajuste, dicen, corresponde a la tasa del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculada por el Banco Central del Paraguay, que para el periodo de los últimos doce meses registra un aumento del 3,6%.
El Gobierno de Santiago Peña ha tomado medidas que sin duda tendrán un gran impacto en el bolsillo de los ciudadanos, sin considerar las condiciones que suponen para la sobrevivencia la suba de precios de la canasta básica familiar.
Resulta polémico y a la vez injusto que, el mismo gobierno que ha apañado el aumento de salarios de 6.000.000 para diputados y senadores, decida que el pueblo debe hacer un ajuste de cinturones mientras en el Estado se sigue derrochando y es nuevamente la ciudadanía quien debe sostener la pesada carga, mientras sigue reclamando servicios eficientes.
