Habló ayer con la 1080 AM una de las víctimas del esquema de facturas falsas que detectó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) hace unos días. El caso involucra a 17 municipios y 1 gobernación (ver infografía).
Esta persona, de quien se reserva la identidad por temor a represalias, contó que se dedica a la albañilería, tiene cerca de 40 años y vive en la Chacarita. Relató que pasó momentos de mucho temor al enterarse, por intimación de la SET, que era dueño de una empresa que facturó más de G. 50.000 millones (USD 7,3 millones) a entidades públicas descentralizadas.
Negó categóricamente ser el propietario de esta proveedora. Subrayó que nunca se inscribió en el Registro Único del Contribuyente (RUC), pero al ser consultado sobre cómo aparece su nombre en esa compañía, culpó a operadores políticos del Partido Colorado.
Explicó que en 2014, en campaña para las elecciones municipales, por medio de un amigo suyo unos operadores le dijeron que le iban a conseguir trabajo si apoyaba a esa nucleación política. Entonces, el albañil les entregó su cédula, y sus antecedentes policiales y judiciales, casualmente en el mismo periodo de tiempo en el que la empresa proveedora se inscribió ante la SET.
“Me pidieron mis documentos y yo les di con mucha confianza, eran operadores políticos colorados (…) Ni para comprar una zapatilla de G. 20.000 no tengo, cómo voy a facturar esos montos. Estoy sin un peso en el bolsillo y no sabía si me llamaban para ir a la cárcel, me asusté mucho”, expresó.
Esta es una más de las historias particulares que rodean a este caso. Días atrás se publicaron los casos de un limpiavidrios y de varios docentes quienes supuestamente facturaron USD 4 millones. También está el caso de un octogenario, ex chofer de colectivos, que emitió comprobantes por USD 8,3 millones.
Denuncia. La SET denunció el miércoles ante la Fiscalía los resultados del operativo Facturación 2, donde se detectó un nuevo esquema de utilización de facturas falsas por valor USD 25 millones.
El caso afecta a 17 municipios y 1 gobernación, entes que habrían utilizado comprobantes apócrifos para justificar sus gastos, por valor de USD 8,3 millones, entre 2018 y 2020.
Las municipalidades afectadas por este operativo son: San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty Del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan De Mena, Jesús de Tavarangué, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora.
Por su parte, la gobernación afectada es Cordillera.
Víctima de esquema desbaratado por la SET negó haberse inscripto en el RUC y culpó a operadores políticos que le habían prometido trabajo. Es albañil, pero habría facturado más de USD 7 millones.
CGR fiscalizará a los 17 municipios
Una investigación de oficio sobre contrataciones efectuadas por 17 municipios durante el periodo 2020- 2021, será iniciada por la Contraloría General de la República (CGR). De la misma se encargará un equipo multidisciplinario conformado por varias direcciones generales, tal como comunicó oficialmente la entidad.
Se trata de las municipales de: Jesús, Mbocayaty del Yhaguy, San Roque González de Santacruz, Mbuyapey, Juan de Mena, Fernando de la Mora, Gral. Patricio Escobar, Isla Pucú, Tebicuarymi, Santa Rosa Misiones, Villeta, Yaguarón, San Alberto, Itauguá, Pirayú e Ypacaraí.
Las mismas están involucradas en el caso recientemente denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), de un esquema de uso de facturas falsas para justificar supuestas obras fantasmas.