ALC. Crimen organizado Real Instituto Elcano Madrid (III final)

En esta tercera y final entrega se presenta aquí un resumen de la investigación realizada por el Real Instituto Elcano, con algunas modificaciones en la versión original a los efectos de lograr su compaginación dentro del espacio proveído por Última Hora de Asunción. Se recuerda que preceden a esta tercera presentación sendas publicaciones del 5 y 12 de enero de 2025.

Este estudio del Real Instituto Elcano fue realizado por: 1) Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, ha sido seleccionado como uno de los “50 intelectuales iberoamericanos más influyentes” según Esglobal. 2) Rogelio Núñez Castellano, investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano. Profesor del Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

He aquí la tercera y última parte de dicho documento:

A) DOTAR DE MAYOR PODER FÍSICO Y FINANCIERO AL ESTADO

Sin instituciones bien financiadas y formadas, este combate contra el crimen organizado estará perdido. Invertir en capital físico supone modernizar el Estado en todos sus ámbitos, especialmente en policía y justicia, apostar por la transformación tecnológica, la innovación con inteligencia artificial y análisis con datos para combatir más eficientemente el crimen organizado. La información, tanto cuantitativa como cualitativa, permite mejorar la toma de decisiones e impulsar políticas públicas y mejores diagnósticos sobre sus causas. Hay que desarrollar la inteligencia financiera, invirtiendo en digitalización y capacitación del personal para crear un entramado tecnológico que conecte y coordine todas las instituciones, fomentando la cooperación interinstitucional e internacional. De forma paralela, hay que invertir en capital humano, dotando al Estado con más personal pero también mejor formado, entrenado y pagado.

A.1) REDUCIR EL CRIMEN ORGANIZADO PARA INCREMENTAR EL PODER DEL ESTADO. Estados fuertes, bien financiados y con capital humano tienen las herramientas para reducir la influencia social de los grupos criminales. Es necesario fortalecer el Estado en materia policial, judicial y carcelaria. Y, una vez retomado el control territorial, reconstruir el tejido social, impulsar el bienestar mediante políticas públicas con visión regional y aplicación local. La debilidad de los Estados ha permitido el desarrollo de la “gobernanza criminal”. Esto ocurre cuando el crimen organizado reemplaza al Estado cobrando “impuestos”, reclutando jóvenes e imponiendo servicios públicos, pero también siendo eficaz donde el Estado fracasa: creando orden, convivencia y garantizando la seguridad. La gobernanza criminal afecta a entre 70 y 100 millones de personas en la región, alcanzando a todos los países en al menos un 5% de su territorio (en Brasil llega al 25%). Según un reciente estudio de Benjamin Lessing, el 13% de la población de América Latina vive bajo la gobernanza criminal.

A. 2) FINANCIACIÓN Y TRANSPORTE. Los Estados más fuertes pueden golpear al crimen organizado en sus ingresos económicos, es decir, en su línea de flotación. El bloqueo de sus flujos financieros los debilita y amenaza su estructura. Para eso hay que comprender sus mercados y las estructuras de su negocio, incluyendo sus costes, los agentes involucrados, los insumos y sectores concernidos. Entender cómo funciona el negocio de las drogas con un trabajo de minería de datos e inteligencia artificial ayuda a identificar patrones para focalizar mejor los esfuerzos y recursos de investigación y persecución de las finanzas criminales y sus estructuras de transporte. Es vital no sólo golpear la estructura financiera sino también la patrimonial, con investigaciones paralelas contra el lavado, persiguiendo el lucro y recuperando bienes. El ataque contra las ganancias ilícitas se apoya en dos pilares. Primero, perseguir el lavado de activos y segundo decomisar las ganancias, terreno en el que se ha avanzado menos ya que se calcula que únicamente se recupera el 1% de las propiedades.

A.3) GUERRA TOTAL REQUIERE MAYOR COORDINACIÓN. Hay que crear confianza entre instituciones y agencias a escala nacional e internacional (bilateral, subregional y regional) para compartir información, reforzando las alianzas existentes. La coordinación y el intercambio de inteligencia entre agencias es clave para la prevención y persecución del delito. Las instituciones débiles y sin fluidez en los intercambios de información son terreno fértil para el crimen organizado. Una mayor coordinación interestatal permitiría desterrar la idea de que es un combate circunscrito al interior de las fronteras nacionales. El crimen organizado se ha globalizado, no entiende de límites. Los cárteles no pertenecen a un país, una ciudad o un barrio, se extienden a escala global, con cadenas logísticas intercontinentales. Su capacidad financiera es de tal magnitud que les permite cooptar desde presidentes, como el hondureño Juan Manuel Hernández, a un secretario de Seguridad Pública (el mexicano Genaro García Luna) y de hacerlo en América Latina y fuera de la región, como demuestra la reciente detención de Óscar Sánchez Gil, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, por sus vínculos con el narcotráfico. sic.

Aquí destaca la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Cumbre de Guayaquil, de crear una alianza regional para fortalecer la seguridad y la justicia, coordinar las políticas públicas y la movilización de recursos. La respuesta frente al crimen organizado debe coordinarse a escala regional y dentro de cada país. Debe ser multisectorial, con participación del Estado, la sociedad civil y los empresarios; la mejor manera de reconstruir el tejido social cooptado por el crimen organizado. La colaboración entre los sistemas de inteligencia nacionales y con otros externos debe ser fluida. Es clave impulsar investigaciones conjuntas, intercambiar información, colaboración entre aduanas, producir inteligencia sobre todo financiera para entender, conocer y prever los patrones de lavado de dinero, trasiego y tráfico. Coordinarse creando equipos conjuntos de expertos de diversos países significa tener un enfoque regional que identifique prioridades, otorgue asistencia mutua, propicie las relaciones cercanas para compartir inteligencia, creando equipos conjuntos en trabajos en fronteras y puertos. La respuesta ante el desafío del crimen organizado ha estado hasta el momento lastrada por su mirada nacional y no integral ni multidimensional y por la descoordinación regional de las políticas aplicadas. Sobre la escasa integración y falta de coordinación destaca la ausencia, hasta hace poco, de un mayor énfasis en las políticas bilaterales, subregionales y regionales en un problema que traspasa lo nacional. Solo en esta década, se ha diseñado una estrategia continental relativa a la cooperación con la Unión Europea (UE). En 2023, se ha institucionalizado y dado personalidad jurídica internacional, tras 17 años de existencia, a la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), integrada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Surinam y Uruguay. En 2024, se ha modernizado el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO), creado en 2017. Dotado con 58,8 millones de euros, reúne la UE con América Latina y, por primera vez, el Caribe para fortalecer los sistemas legales de justicia y seguridad. Una iniciativa nacida directamente tras la Cumbre UE-CELAC de 2023. A los fondos de cooperación europeos, se unen los equipos de agencias de cooperación de España, Italia, Portugal, Francia, Italia y, ahora, los Países Bajos (ídem en el documento mencionado).

A.4. GOLPEAR SUS PILARES SOCIALES. Es un problema multidimensional, que afecta simultáneamente diversos aspectos de la realidad y exige soluciones integrales y transversales (policía, justicia, fiscalía, hacienda, cárceles, etc.), alcanzando incluso la cultura política de los países (la baja confianza interpersonal y de la ciudadanía hacia las instituciones). La ciudadanía no confía en la policía. La última encuesta del Latinobarómetro muestra que, en la mayoría de los países, menos de la mitad de la población confía en su policía debido a su reducida efectividad, al maltrato ciudadano, la escasa transparencia, integridad y rendición de cuentas, y la lejanía entre los valores policiales y los comunitarios. Esta falta de confianza provoca que los ciudadanos no estén predispuestos a financiar a la policía y que su voluntad de colaborar con información sea baja. Como señala un informe del BID, la falta de confianza en la policía puede reducir la efectividad de las políticas para combatir el delito y la violencia. La menor confianza se vincula con una menor probabilidad de que los ciudadanos denuncien delitos menores, como el robo de un teléfono celular o una bicicleta: “En resumen: menor confianza está asociada a una menor voluntad de asignar recursos a la policía y de aportar información para resolver algunos delitos. Esto puede convertirse en un círculo vicioso: menos recursos y menos información sobre los delitos pueden reducir la capacidad y efectividad de las agencias de policía, erosionando aún más la confianza ciudadana en esas instituciones, la tarea de construir confianza en la policía (como en otras instituciones públicas)”.

CONCLUSIONES

“Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita EEUU… El narcotráfico no se acaba, la violencia no es nuestro negocio”. Estas reflexiones de Ismael el Mayo Zambada –excapo del Cártel de Sinaloa– desvelan las claves de lo que representa el crimen organizado: un negocio basado en una racionalidad económica de alcance global con capacidad para perdurar y reciclarse. Ante este reto, los Estados, aunque suene irónico y contraintuitivo, deben aprender cómo trabaja el crimen organizado para combatirlo más eficazmente. La clave de su éxito es la flexibilidad, frente a unos Estados lentos y burocráticos. El crimen organizado es transnacional y los Estados están condicionados por la soberanía y las fronteras. Si los cárteles tienen iniciativa e inventiva, los Estados son reactivos y rutinarios. El crimen organizado es capaz de diversificar sus inversiones e intereses y los Estados se plantean el desafío de forma fragmentaria, sin una visión integral. El crimen organizado junto al débil crecimiento económico, que se prolonga por más de 10 años, son los factores que más deterioran la legitimidad democrática en América Latina, al alimentar la desconfianza ciudadana respecto a unas instituciones penetradas por el crimen organizado e ineficientes para garantizar la seguridad y promover el crecimiento económico. Combatir al crimen organizado es una cuestión de supervivencia para las democracias regionales enfrentadas al riesgo de ser dominadas por los cárteles o las bandas (Haití), o que sus Estados sean infiltrados (Honduras) o pierdan control territorial (Colombia, Ecuador, Guatemala y México). El malestar ciudadano ante unos Estados ineficientes para garantizar la seguridad y el crecimiento económico socava la institucionalidad e impulsa propuestas autoritarias, que incluyen el rechazo frontal al sistema y a los partidos. Como dice Ilan Goldfajn, presidente del BID, la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad debe impulsar estrategias integrales y coordinadas para cortar el oxígeno al delito. Es necesario hacerlo a través de cinco ejes: (a) suprimiendo los flujos financieros que les permiten crecer y expandirse; (b) limitando su influencia social en las poblaciones más vulnerables; (c) fortaleciendo las instituciones del Estado; (d) logrando una mayor coordinación intra e interestatal en seguridad e inteligencia; y (e) arrebatándoles el respaldo social. Los cinco ejes se retroalimentan y demandan un Estado fuerte, coordinado interna y externamente, para afectar la capacidad financiera de los cárteles y mermar su penetración social e institucional. El crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad son un problema que se retroalimenta y que es complejo y multicausal, vinculado a muchos problemas institucionales, sociales y económicos con profundas raíces históricas y estructurales en capital humano (educación y tecnología) e infraestructuras. Para hacerle frente hay que invertir en estos sectores. El combate contra el crimen organizado debe hacerse con inteligencia, cortando las fuentes que lo alimentan, sus flujos financieros y el lavado de activos. No olvidar que, más allá de todas sus peculiaridades, el crimen organizado funciona como una empresa que busca maximizar sus ganancias. Esa es su principal virtud, pero también su talón de Aquiles.

Presentación completa de este confiable y actual documento en https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/america-latina-crimen-organizado-e-inseguridad-ciudadana así como informaciones complementarias en www.rsa.com.py