Además, tiene prohibido salir del país, cambiar de domicilio y debe hacer el pago de una fianza.
El Juzgado de Garantías a cargo de Cynthia Lovera dictó prisión preventiva para el ex candidato presidencial, luego de una breve audiencia a la cual Alegre asistió con sus abogados y también con familiares.
La magistrada decretó las medidas alternativas a la prisión preventiva para Alegre, quien ahora tiene prohibido salir del país y cambiar de domicilio, además de una fianza de G. 150 millones. Alegre consideró que en su caso no habló la Justicia, sino que la orden de procesarlo e imponerle una sanción provino del mismo ex presidente Horacio Cartes.
Ni bien culminó la cita para imposición de medidas, manifestó a los medios que firmaría el acta de presencia, pero que dejaría constancia de que no está de acuerdo con la disposición judicial.
Alegó que no había ninguna posibilidad de pagar la fianza. “Nosotros no vamos a aceptar ninguna medida, lo que vamos a hacer es firmar el acta con la constancia de que no estamos de acuerdo”, manifestó Alegre.
Asimismo, la jueza Lovera rechazó la eximición solicitada por la defensa.
Cabe recordar que el Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial la imputación contra Alegre por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Desde el principio Alegre negó responsabilidad alguna en el caso. Antes de escuchar las medidas, dado que para él no existe garantías en su proceso, manifestó preferir se le dicte el lugar de su reclusión. De hecho si Alegre no acata las medidas judiciales que le fueron impuestas, su libertad podría reverse.
Cabe referir que ayer su abogado reiteró que su cliente no tiene responsabilidad alguna en lo hechos que se le imputan.
Para el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, Efraín no debió ser procesado porque según la Ley de Financiamiento Político, el candidato no es administrador de campaña.
A pesar de no estar de acuerdo con la medida judicial, indicó que firmará el acta. “Nosotros vamos a firmar el acta de la audiencia y de la imposición de medidas, con la aclaración de mi cliente que no acepta las medidas”, indicó.
El proceso que enfrenta es por las supuestas facturas clonadas del PLRA, en la que también están investigados Pascual Benítez y Luis Moriz.
Para la rendición de gastos por parte del PLRA, se habría presentado una factura falsa por G. 98 millones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.