- Yan Speranza,
- past-president del Club de Ejecutivos del Paraguay.
En muchas ocasiones preocupa seriamente la forma en que las autoridades y los tomadores de decisión manejan todo lo relativo al gasto público.
Estas recurrentes situaciones se vienen dando desde hace varios años. Y por lo tanto los espacios fiscales se van reduciendo constante y significativamente.
En términos generales, los ajustes a esta situación de aumentos más acelerados de los gastos corrientes con relación a los ingresos se dan fundamentalmente en una menor inversión pública, lo cual en el mediano y largo plazo limita las posibilidades de crecimiento del país.
La apelación a dichos ajustes también ha afectado a otros bienes públicos de fundamental importancia para el desarrollo, como la educación, salud y la protección social.
Entonces, a costa de tener unos servicios públicos de pésima calidad, hemos mantenido un alto nivel de orden macroeconómico con un manejo prudente y mayormente equilibrado de los principales indicadores macro de la economía.
Sin embargo, no caben dudas de que dicha estabilidad macroeconómica es también un bien público que hemos logrado como sociedad. De hecho, es una condición necesaria –aunque no suficiente– para el desarrollo.
Se supone que ese mayor orden y estabilidad generan un ambiente de previsibilidad positivo, lo cual vuelve atractivo al país para las inversiones tan necesarias para el crecimiento. Siempre y cuando a esta lógica acompañen otros elementos como seguridad jurídica, talento humano, infraestructura adecuada, entre otros.
Estos elementos complementarios han ido mucho más lento que el mencionado orden macro. Y, entonces, no hemos podido aprovechar a cabalidad dicho bien público –que incluso es la envidia de varios países de la región–.
Ahora bien, luego de casi dos décadas, estamos en un serio peligro, en una verdadera alerta roja por la posibilidad de que se rompa en serio la tan mentada estabilidad macroeconómica.
Esto ocurre porque se van sumando en un muy corto tiempo varios elementos que empiezan a configurar una suerte de “tormenta perfecta”, con elementos endógenos y exógenos que se retroalimentan.
El clima nos ha jugado una mala pasada y la tremenda sequía fulminó casi el 60% de la producción de soja, nuestro principal producto de exportación y generador de divisas para el país. También afectó la producción de energía hidroeléctrica y la navegabilidad de los ríos con sus consecuentes mayores costos.
Los problemas logísticos y las cadenas de valor a nivel global siguen complicados y la inflación se ha disparado en todo el mundo y en Paraguay.
Productos muy sensibles como los combustibles y los alimentos han aumentado entre el 20% y el 40%. Y esto genera un malestar social que se responde con subsidios generales muy mal diseñados y con disminuciones en determinadas tasas impositivas que reducen de manera importante los ingresos fiscales.
El año electoral, por otro lado, y la propia situación de la inflación creciente, alientan el pedido de aumentos salariales generalizados en el sector público, lo cual va a aumentar fuertemente el déficit fiscal.
Y todo esto en el marco de un Gobierno muy debilitado y con menores posibilidades de enfrentar con firmeza las presiones que se vienen desde diferentes sectores.
Las consecuencias de esta tormenta pueden ser muy serias y el riesgo concreto es que entremos en una espiral de desorden del cual ya nos será muy complicado salir, tal cual lo vemos en varios países de nuestra región. Esto será dañino para todos, pero particularmente para los más vulnerables, precisamente porque no hemos construido nunca en nuestro país una red de protección social.
No podemos permitir que la irresponsabilidad destruya uno de nuestros principales bienes públicos como lo es, precisamente, la estabilidad macroeconómica. Tenemos que actuar en consecuencia.
