Desde la caída de la dictadura en 1989, se cometieron más de 60 crímenes de odio hacia esta población y recién en el 2019 se logró la primera condena por el caso de Romina Vargas, asesinada a puñaladas dos años antes en San Lorenzo. Fue la primera vez que la Justicia reconoció como víctima a una persona trans, aunque aún no admite la figura de transfemicidio, que debe ser incorporada por ley. Fue un paso importante para la comunidad, pero siguen impunes los demás casos.
El primer encuentro con la violencia es la propia discriminación. Desde jóvenes deben luchar por la aceptación en sus círculos familiares, de donde muchas veces son expulsadas y cuando intentan encontrar un medio de subsistencia, son rechazadas también en los puestos laborales de las empresas. Si bien las peluquerías y el trabajo sexual se convirtieron en una importante vía para obtener ingresos, es reprochable limitar el desarrollo de la comunidad trans solo a estas labores, ya que debería gozar de su libertad de elección a la hora de acceder a un trabajo, a una vivienda o a un servicio de salud, derechos básicos que hasta hoy les siguen negando o se cumplen a medias.
En el caso de Kimberly, pudo sortear el primer obstáculo. Al tener apoyo afectivo y económico de su familia pudo graduarse hace cinco años en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este. Intentó ejercer su profesión, pero nuevamente encontró un muro cuando la Corte Suprema de Justicia no le permitió que jurara como abogada bajo el argumento de que su apariencia de mujer no coincidía con el nombre masculino de su cédula de identidad.
Para su tercer intento, Kimberly trajo consigo un batallón de compañeras, de organizaciones como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y Amnistía Internacional, que a su vez despertaron a esa gran parte de la sociedad que ignoraba lo que estaba ocurriendo en la Corte: la imposición de un órgano patriarcal que arrastraba a una serie de violaciones de derechos, empezando por el derecho de igualdad.
La presión social pudo más y la Corte cedió ante la mirada del mundo. A la campaña de lanzamiento de birretes se sumó incluso la Unión Europea con un mensaje de celebración por el importante avance hacia los derechos humanos. Se trata de un bloque al que Paraguay adula en el ámbito económico con el anhelado acuerdo Mercosur-UE, descuidando su imagen política en materia de derechos.
Pero no hay que conformarse con esta victoria, aún quedan pasos importantes como el rescate del proyecto de ley contra toda forma de discriminación que había sido archivado en el Congreso y, a un plazo más corto, que de una vez la Justicia resuelva que Yren Rotela y Mariana Sepúlveda puedan hacer uso de su nombre social de manera legal. Se trata de un simple trámite que ya fue aprobado por el Juzgado hace varios años, pero la Fiscalía se interpuso y el caso pasó a la Cámara de Apelaciones, donde no se reportan avances.
Sin embargo, la experiencia de Kimberly podría significar un empujón para lograr estos objetivos en el Poder Judicial, con la compañía y empatía de esa parte de la sociedad que lentamente y por delante de los órganos del Estado va avanzado hacia el respeto de la identidad y orientación sexual, a pesar de que el sistema educativo hasta ahora rechaza reformas que puedan combatir la discriminación.
La alerta trans ahora trascendió y sumó a sus avisos de peligro mensajes de victoria y de continua reflexión.
