En contrapartida, la política internacional del Gobierno de Peña mantiene discursivamente una postura de defensa a la democracia y a la libertad de prensa, incluso, Paraguay postula a un candidato, el canciller Rubén Ramírez Lezcano, para la Organización de Estados Americanos (OEA). También fue designado Diego Moreno como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Entre los hechos más relevantes que afectan al país en materia de derecho se pueden citar los últimos ataques a periodistas, como fue el caso de la violencia del diputado Yamil Esgaib contra dos trabajadoras de prensa, o la convocatoria de la Fiscalía a medios para identificar a los autores de artículos que afectaban a Horacio Cartes, además del discurso de la senadora Lizarella Valiente atacando con desinformación a periodistas investigadores en plena sesión. Sigue la lista con la ley de control a las organizaciones no gubernamentales, que obligó a la ONU a emitir una alerta por su riesgo para la democracia; la falta de derechos básicos y persecuciones a comunidades diversas y mujeres y, finalmente, la reducción de espacios de oposición y disidencias. En esto último se destaca la expulsión de Kattya González, que elevó alarmas a nivel internacional.
La especialista en Derechos Humanos Alejandra Peralta considera que hay una crisis en Paraguay en esta materia. “Existe una enorme discriminación hacia sectores o grupos de personas históricamente desplazados. Si bien la Constitución Nacional en el artículo 46 garantiza la igualdad entre todos los habitantes de la República, también ese mismo artículo reconoce la existencia de personas y grupos que necesitan acciones positivas por parte del Estado para lograr una igualdad real y no solo una igualdad formal plasmada en un papel. Entre esos grupos se encuentran las personas LGTBI, sobre quienes existe una enorme discriminación para el acceso en igualdad de condiciones a todos los derechos de los cuales goza el resto de la población, como salud igualitaria, educación igualitaria, acceso a derechos civiles reconociendo su identidad de género, entre otros”, expresó la abogada.
Peralta destaca que esto sucede también con las personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, entre otras. “En tanto y en cuanto no superemos las barreras de acceso igualitario a todos los derechos humanos, no podremos hablar de la igualdad real anhelada por el artículo 46. Un buen comienzo sería la promulgación de la ley contra toda forma de discriminación que ha quedado archivada en el Congreso Nacional, mientras otras que establecen restricciones de derechos humanos son sancionadas a tambor batiente sin un debate previo con la sociedad regulada”, sentenció.
La abogada pone en duda si es que las autoridades dan real importancia al respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de la República sin discriminación o si se trata solo de un discurso político para la OEA o la ONU. “¿O cuando se propone a un connacional para ocupar altos cargos de representación en organismos internacionales que luego se desconocen cuando no se quiere acatar sus resoluciones? Los derechos humanos no son un buen speech, son una obligación de cumplimiento”, precisó.
Entre los derechos más vulnerados al que Peralta dio énfasis está la libertad de expresión, que fue muy tensionada en los últimos meses. Entre las formas de afectar este derecho se cita la violencia contra periodistas, denuncia por difamación y calumnia a periodistas o directores de medios de comunicación por la difusión de información de interés público o hechos de corrupción, la amenaza de una senadora a un juez con destituirlo en caso de que haga lugar a una acción de amparo y, finalmente, cuando hay impunidad en caso de asesinatos de periodistas. “La censura no solo implica cerrar un medio, clausurar un diario o cortar la frecuencia radioeléctrica de una emisora, la censura puede manifestarse de muchas formas cuando se realiza de manera indirecta, y en Paraguay, somos testigos constantemente de alguna de estas prácticas por parte de nuestras autoridades”, concluyó la especialista.
