El diputado colorado Ramón Romero Roa y el abogado Adelio Aquino (jubilado de Itaipú) alertan que la iniciativa pretende manosear los fondos de las cajas jubilatorias del país.
El proyecto, que proviene del Ministerio de Hacienda, apunta a que el sistema de jubilaciones y pensiones del país carece de una entidad especializada de regulación y supervisión, pero es cuestionado porque en él no se otorga espacios de supervisión a los aportantes.
El proyecto establece la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) y la autoridad máxima de este órgano será un superintendente designado por el Poder Ejecutivo.
Además, señala que las entidades de Jubilaciones y Pensiones estarán sometidas a la regulación y fiscalización de la Superintendencia.
Igualmente, indica que algunas de las facultades de esta institución será reglamentar el “Régimen de Inversión” de los fondos administrados por las Entidades de Jubilaciones y Pensiones y disponer las modificaciones que estime procedentes.
Romero Roa reconoce que se necesita una norma que cree un ente regulador pero aconseja que debe existir mayor objetividad en cuanto a la participación de los actores para el cuidado de los fondos jubilatorios, ya que el proyecto del ejecutivo no estipula un espacio de representación para los trabajadores sino la creación de un Consejo Asesor integrado por el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y el presidente del BCP.
“El más interesado en que eso marche bien es el trabajador que paga, que no caiga el sistema. El empleado que va aportando su recurso mensualmente, y también el jubilado. Al final, el objetivo primordial de esa caja es garantizar la jubilación digna de las personas que aportaron durante sus años de trabajo”, indicó el legislador.
“Si nosotros queremos crear un sistema desde afuera y controlar el uso de los fondos y no tener en cuenta al empleador, el empleado y el jubilado, yo creo que no tiene sentido. No es republicano”, señala el diputado. Romero recuerda que él propone otro proyecto que incluye a todos los actores relacionados a los fondos jubilatorios.
Explica que el cuestionamiento al plan del Gobierno es que solamente quiere incluir al Estado en la regulación de los fondos, omitiendo que el aportante principal de la caja jubilatoria son el empleador y el empleado.
Jubilación en riesgo. Por su parte, el abogado Adelio Aquino, jubilado de Itaipú, quien trabajó en la asesoría jurídica de la hidroeléctrica durante décadas y está a favor de la alternativa de Romero Roa, advierte que el proyecto del ejecutivo apunta directamente a los fondos jubilatorios. “El proyecto deroga las cartas orgánicas de cada caja, establece nuevas normas de inversión, decide qué se tiene que hacer con esos fondos (jubilatorios) y crea la figura del superintendente con poderes discrecionales”, refiere Aquino.
Añade que el plan del Gobierno está hecho con una intención de despojo del patrimonio de los jubilados y trabajadores, “sin ninguna garantía que esos fondos puedan servir para pagar el seguro de salud y las jubilaciones”.
Aclara que aunque desde el ejecutivo se divulga que se podrán invertir los recursos en infraestructura, bonos y otros, en la práctica lo que se ve son desvíos de fondos, lavado de dinero, y licitaciones amañadas que terminan generando pérdidas para el trabajador.
“Los aportantes rechazamos esa intención de parte del ejecutivo”, afirma el jurista.
Inconstitucional. Además, el abogado sostiene que el proyecto es inconstitucional porque viola los artículos 95 y 103 de la Carta Magna, que establecen que la administración de los fondos deben recaer en los aportantes.
A propósito, la primera parte del tercer párrafo del artículo 95, “De la seguridad social”, reza lo siguiente: “Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos; estarán disponibles para este objetivo”.
Asimismo, en el artículo 103 “Del régimen de jubilaciones” se indica: “Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal”.
Adelio Aquino expresa también que los Ministerios del Trabajo y de Salud Pública, instituciones vinculadas explícitamente a la seguridad social, pasarán a ser figuras decorativas según el proyecto del Ejecutivo porque no tendrán una función efectiva.
“Al proyecto del Ejecutivo no le importa que funcione bien el sistema de salud, directamente apuntan a la plata de los trabajadores. Hasta ahora el equipo del ejecutivo se cierra en su idea fija de apuntar al dinero ajeno”, asegura el jubilado de Itaipú.
Aquino califica que existe una mala intención de parte del Ejecutivo, la cual consiste en “hacerse con los fondos jubilatorios para la mala utilización en obras que no son bien controladas”.
En Diputados. El proyecto fue remitido por Horacio Cartes y está en estudio en Cámara Baja.