En carta escrita a Gabriel García Márquez en junio siguiente, el autor de Rayuela se maravilló de “ver los kioscos en Santiago y las ciudades del interior” repletos de libros, “gracias a ediciones baratísimas, que directamente le hacen la competencia a las revistas y a Corín Tellado”.
La estatal Editorial Quimantú, responsable de aquellas ediciones, publicó en sus tres muestrarios de literatura 126 títulos, 118 autores y más de 6 millones de ejemplares entre el 4 de noviembre de 1971 y el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado que instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet durante los siguientes 17 años. Cortázar –informaba a García Márquez, al tiempo de reenviarle una carta de Ariel Dorfman, en la que este le pedía textos suyos al autor de Cien años de soledad para publicarlos en Quimantú, como finalmente hizo– fue testigo de que “la gente empieza a tener verdadero acceso a los escritores que vale la pena leer”. Es decir, a lo mejor de la literatura chilena y latinoamericana de antes y de entonces. Con tiradas de 50 mil ejemplares y a un ritmo de 800 mil al mes en su mejor momento: “El pueblo podría decir: Leo, luego existo”, resumió el narrador y político también chileno, Volodia Teitelboim. “Surgen las bibliotecas domésticas (…) en el domicilio del obrero”, pintó por los mismos días que Cortázar recorrió ese “largo pétalo de mar y vino y nieve” (Pablo Neruda dixit).
El pasado lunes se cumplieron 50 años del golpe y de la muerte de Allende, recordados en todo el mundo como un hito nefasto del fascismo, con total anuencia y asesoría de los Estados Unidos. No fue cualquier hito: Pinochet y su pandilla –conformada por militares conservadores con instinto asesino y voraces economistas neoliberales sin escrúpulos– convirtieron a Chile en el primer laboratorio planetario del tipo de economía de mercado que nos gobierna hoy, con una necesaria dosis de masacres y represión política para imponer su “modelo exitoso”. Ese mismo que personajes como Jair Bolsonaro o Javier Milei reivindican.
Obviamente, proyectos históricos e influyentes en la cultura de un país, como el impulsado por Quimantú, no podían continuar bajo un régimen autoritario y orientado a darle valor solo mercantil a todas las cosas, incluidos los libros. Un régimen que, de hecho, se dedicó (como todas las dictaduras desde el nazismo hasta acá) a la placentera quema pública de volúmenes como escarmiento ideológico. Por ello Quimantú fue, finalmente, privatizada.
En 2011, en el marco de los festejos del Bicentenario del Paraguay, fui invitado a formar parte de una mesa de debate en torno a la importancia del libro en la cultura nacional. Aquella vez, entre otras cosas, sugerí que la legendaria Imprenta Nacional del Estado paraguayo bajo el Gobierno de Fernando Lugo emulara la experiencia de Quimantú durante el Gobierno de Allende. Inmediatamente, desde el público, la propietaria de una editorial asuncena –de las que acceden a grandes licitaciones estatales para materiales de lectura escolar– descartó con vehemencia que el Estado “entre a competir” con el sector privado en ediciones populares de libros. Eso sí que no: ¡Cómo se nos ocurriría fomentar un país de libros baratos para lectores pobres, como en el Chile socialista!
“El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo y que se quedó en nuestras vidas para siempre”, escribió García Márquez pocos meses después de aquel golpe que todavía golpea.
