Los dos principales grupos criminales del Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, consolidaron una tregua y firmaron una alianza que pone al país vecino en alerta sobre sus alcances en el aumento de la criminalidad y el tráfico trasnacional de drogas.
El medio argentino Infobae se hizo eco de las declaraciones del fiscal de San Pablo Lincoln Gakiya, y un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional de Políticas Criminales, en el que se menciona la consolidación de la tregua entre las dos principales organizaciones criminales.
El informe señala que “la unificación de los abogados del PCC y del CV fue formulada por miembros de alto rango de las dos facciones. El objetivo sería fortalecer los grupos criminales para, sobre todo, defender las reivindicaciones de sus líderes presos en el sistema penitenciario federal”.
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Gakiya, quien vive escoltado desde hace años por sus procesos contra el PCC, afirmó que ambos grupos ya existe una tregua en Río de Janeiro y en San Pablo. Sin embargo, el fiscal advierte que esta nueva alianza fortalecerá aún más a las dos facciones criminales.
“Esta tregua ya existe en Río de Janeiro y San Pablo. La unión de las dos mayores organizaciones criminales del país podría provocar un aumento del tráfico internacional de cocaína, pero también del tráfico de armas hacia Brasil. Se trata de un reparto de rutas y, sobre todo, de un fortalecimiento aún mayor de estas organizaciones criminales”, declaró.
El pacto entre las facciones habría sido decida por los líderes Marco Willian Herbas Camacho, alias Marcola, jefe del PCC, y Márcio dos Santos Nepomuceno, conocido como Marcinho VP, jefe del Comando.
El PCC es la organización criminal más grande y mejor organizada del Brasil, según un reportaje de InSight Crime publicada en octubre del 2024. Mientras que el Comando Vermelho es el grupo criminal más antiguo del país vecino y con gran influencia en las cárceles.
En el sitio de noticias UOL, Gayika valoró que la tregua ya se venía barajando desde el 2019, cuando Marcola y otros líderes pensaban en una unión para “derribar el rigor del sistema penitenciario federal”.
“Ahora esta tregua se ha materializado”, subrayó.
¿Escalada de la violencia?
Rodrigo Duton, teniente coronel de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, profesor e investigador no residente en el Instituto Australiano de Política Estratégica, reflexionó sobre las consecuencias de la tregua en una entrevista con Infobae.
“Es posible que haya una nueva ola de violencia como la de San Pablo en 2006, ya que hay información de que el PCC y el Comando Vermelho han entrado en una tregua para presionar al gobierno, mientras que los abogados vinculados a las facciones están cuestionando las condiciones carcelarias”, manifestó.
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Brasil experimentó una de sus mayores crisis de criminalidad en mayo del 2006, cuando el PCC impuso un toque de queda de una semana en San Pablo, en la que quemaron autobuses y mataron policías.
En respuesta, el gobierno del estado de San Pablo aisló a los líderes de la facción y, el 11 de mayo, trasladó a 765 presos en cárceles de máxima seguridad. Esto provoca enfrentamientos violentos que dejó cerca de 500 muertos.
Objetivos de la alianza
El fiscal Lincoln Gakiya denunció a finales de enero a 12 implicados en la operación Grito Flaso, que tenía como objetivo la ONG Pacto Social & Carcelario, que, según la investigación, fue creada, financiada y puesta al servicio del PCC.
“Las facciones estaban consiguiendo su objetivo, que era influir en las políticas públicas del sistema penitenciario”, había afirmado Gayika en el diario O Estado de São Paulo, que publicó sobre las reuniones de la presidenta de la ONG, Luciene Neves Ferreira, en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, así como en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en Brasilia.
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Infobae señala que la ONG “había manifestado incluso su interés en intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso contra el ex guerrillero chileno Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil en 2002”.
Este pacto, de acuerdo con los expertos, “es presionar juntos a través de sus abogados para relajar las normas dentro de las cárceles y facilitar así la fuga de sus líderes”.
Otra motivación sería la de una mayor colaboración en las dos principales rutas de tráfico de cocaína en Brasil.
El PCC contra la ruta denominada “caipira”, que comienza en Bolivia y pasa por varios municipios del estado de San Pablo, llegando al puerto de Santos y desde allí, a África y Europa.
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Por su parte, el Comando posee el dominio del corredor del río Solimões, en la selva amazónica, por donde ingresa la cocaína colombiana y peruana.
No se descarta que la tregua represente un impacto internacional, ya que ambos grupos se están expandiendo cada vez más fuera de las fronteras de Brasil.
Brasil y Portugal firmaron acuerdos bilaterales en la lucha contra el crimen organizado tras el brutal asesinato de un joven brasileño carbonizado en un contenedor de basura en una playa de Lisboa, cuyos autores serían miembros del CV.
No obstante, el PCC tiene mayor expansión mundial y se menciona que llegó a Australia.
El informe titulado El corredor de cocaína del Pacífico. La ruta de un cártel brasileño hacia Australia, del profesor Rodrigo Duton, describe que el PCC encuentra en Australia un “mercado altamente lucrativo de la cocaína”.
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La facción criminal podría incursionar en la comercialización de drogas sintéticas, como las metanfetaminas y los opiáceos, siguiendo la tendencia de los cárteles latinoamericanos de reducir la dependencia de las drogas naturales.
“La alta demanda en Australia convierte al país en un mercado estratégico y el grupo podría adoptar el modelo de producción y exportación de los cárteles mexicanos”, manifestó Duton a Infobae.
