Los datos sobre la reducción de la pobreza monetaria en Paraguay muestran que la expansión de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero tuvo un importante efecto debido a la transferencia en especie –el plato de comida– a los niños y niñas. Sin embargo, este programa si se vincula a la producción y procesamiento de alimentos puede aumentar sus efectos en los ingresos laborales de la agricultura familiar y en las pequeñas y medianas empresas, así como en la mitigación de la inflación con beneficios para toda la población y no solo para la niñez escolarizada. El Gobierno debería integrar este programa a otras políticas para aumentar su impacto positivo.
La experiencia brasileña con este tipo de programas debe ser rescatada para aumentar sus efectos positivos. En Brasil, no solo redujo la pobreza, sino también la desigualdad, además de contribuir a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos laborales.
Paraguay tiene grandes desafíos. El Índice de Seguridad Alimentaria Global (GFSI) nos ubica en el lugar 70 de 113 países. Con respecto a los países de América incluidos, solo estamos mejor que Nicaragua, Venezuela y Haití y países de África y Asia. Este indicador considera la asequibilidad, disponibilidad, calidad e inocuidad de los alimentos, así como la sostenibilidad y la adaptación. Otros indicadores sobre seguridad alimentaria señalan que en los últimos 10 años, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa pasó de afectar al 8,2% de la población al 26,2%.
Si se consideran datos nacionales, se puede observar que solo en los dos últimos años, la inflación de alimentos, incluyendo frutas y verduras, superó el promedio de inflación nacional, siendo este rubro uno de los que más pesa en la canasta de bienes y servicios de las personas de menores ingresos.
Nuestro panorama no es alentador considerando cualquier tipo de indicador: Inflación, inseguridad alimentaria, salud nutricional o ingresos laborales, por que lo que la inyección de recursos que se deriva del programa de alimentación escolar tiene la potencialidad de incidir en todos estos si las compras públicas priorizan a la agricultura campesina y a las pequeñas y medianas empresas.
Estos dos sectores se encuentran entre los más afectados por la pobreza, los ingresos laborales bajos y la inflación. Pero, por otro lado, generan la mayor parte del trabajo remunerado y proveen insumos para otros sectores de la economía. Poner en primer lugar a estos sectores y no solo, con un cupo mínimo, tal como está establecido en la ley, también reducirá la presión por la importación de alimentos, que a su vez impacta en el tipo de cambio y este en la inflación.
Una implementación adecuada del programa puede tener efectos positivos en la reducción de la pobreza monetaria y en la salud nutricional de niños y niñas. Sin embargo, estos beneficios se podrían estar contrarrestando con el impacto negativo en los precios de alimentos por el lado de la demanda. Por otro lado, el impulso que podrían darse a la producción de alimentos a nivel interno potenciaría sus efectos.
El programa tiene grandes potencialidades y beneficios, incluso a largo plazo, ya que una buena alimentación junto con una educación y salud de calidad constituyen pilares esenciales para garantizar los derechos de niñas y niños y para la acumulación de capital humano y el crecimiento sostenible. En un contexto de estancamiento de los ingresos laborales por más de una década, además contribuirá a reducir la presión inflacionaria y a generar ingresos en los sectores vinculados a la producción de alimentos.
Los desafíos son muchos, así como las oportunidades de mejorar los beneficios. Las autoridades deben explotar mejor los múltiples beneficios que ofrece la alimentación escolar.
