Garantizar el acceso universal a una buena alimentación de niños y jóvenes es un objetivo de alto rango para la sociedad, considerando los elevados niveles de pobreza.
El Estado debe organizar una forma eficiente de proveerla y asegurar los recursos suficientes para solventarla. Desde el 2014 existe una ley que garantiza la provisión de alimentación escolar, pero sin recursos suficientes para su universalización, y el sistema de provisión está mal organizado y carece de mecanismos de control efectivos.
Es importante dimensionar el proyecto. Según datos del Gobierno, hay 1.300.000 alumnos en educación básica y media en escuelas y colegios públicos y subvencionados. Universalizar implica, a los costos estimativos actuales, disponer de USD 360 millones anuales y entregar la cantidad necesaria de kits de alimentos diariamente con la calidad requerida.
El sistema de provisión debe funcionar para Asunción y también para la compañía Arroyo Costa de Mbuyapey, con circunstancias absolutamente diferentes. Ambos casos requieren planificar y diseñar menús, comprar insumos, preparar los alimentos y sus respectivos kits, distribuirlos y entregarlos a cada alumno en cada escuela y retirar los residuos. Esto cada día, durante los 180 días de clases del año.
Primer problema: Financiamiento insuficiente, fluctuante y transitorio. Hoy, el financiamiento asegurado consiste en apenas el 7,5% de los fondos que recibe el Tesoro por la cesión de la energía de Itaipú al Brasil. Estos fondos fluctúan y son de carácter transitorio, habrá mientras haya excedentes de energía, pero, la alimentación escolar es de carácter permanente y no puede parar. Luego de la reunión con intendentes, la propuesta del Gobierno aparentemente es incrementar al 75% de estos fondos, que representaría unos USD 245 millones anuales los próximos 4 años, insuficiente para la universalización y, además, con tendencia decreciente.
Serán necesarios otros recursos por USD 115 millones al inicio y montos adicionales para compensar la reducción anual que tendrán los ingresos por cesión de energía. Debemos ser conscientes de que la propuesta implica una gran reasignación de recursos porque estamos priorizando universalizar la alimentación escolar. Quedarán acotados los programas de investigaciones del Conacyt, los de formación docente, construcción de infraestructura escolar, programas de salud, etc.
Una opción más razonable sería reasignar el 100% de los royalties de Itaipú porque son recursos permanentes y alcanzan a cubrir el costo total del proyecto, pero se reducirían los recursos para infraestructura, destino actual de los royalties.
Segundo problema: Organización y control adecuados. ¿Centralizar, descentralizar, tercerizar o una combinación de estas? Hoy en día, los principales reclamos son que no llega todos los días y que hay mucha corrupción. Es muy complejo organizar un gran servicio de catering a nivel nacional con tantas asimetrías entre localidades.
El sentido común indica que la preparación y la distribución deben estar lo más cerca posible de las escuelas y es mejor tercerizar con proveedores locales contratados por los municipios. Pero la planificación, el diseño de menús y el control de calidad deberían estar centralizados en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para asegurar una dieta adecuada y uniforme y garantizar la calidad. Tanto los municipios como el MDS deben tener la organización adecuada y los recursos necesarios para cumplir la misión que le compete a cada uno. Asimismo, el control de la Contraloría es irreemplazable y, dado el tamaño y complejidad del proyecto, debería asignarle recursos específicos especializados.
Universalizar la alimentación escolar no es la panacea para mejorar drásticamente la educación, pero aumentaría la capacidad de aprendizaje, posibilitando una igualdad real de oportunidades de acceso y aprovechamiento. Es un primer paso que debe ser complementado con programas de capacitación permanente de maestros, la renovación de la infraestructura escolar, el acceso a internet y otras tecnologías y un dinamismo curricular, que en conjunto mejorarán sustancialmente la calidad educativa y los niveles de aprendizaje.
Un gran paso sería consensuar y priorizar como política de Estado.
