A pesar de que el análisis de una década le ubica a nuestro país entre los que más avanzaron en el periodo, seguimos ubicados en los peores lugares, sin siquiera acercarnos a los países que mejor situación muestran en la región, como Chile y Uruguay.
Las mejoras en nuestro desempeño se deben fundamentalmente a cambios institucionales como la aprobación de leyes, instrumentos y organismos estatales que permiten el mayor acceso a información pública y un mejor marco jurídico para la prevención y penalización de actos de corrupción.
Los avances relevantes se darán una vez que estas reformas sean capaces de impedir los casos de corrupción y, sobre todo, garantizar que no queden impunes. Los cambios normativos y organizacionales son importantes como primer paso, pero insuficientes para una transformación sustantiva de la situación.
En esta misma condición nos encontramos en el caso de la evaluación mutua Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Varios años atrás, el objetivo era crear el marco necesario para la reducción del lavado de dinero y con la aprobación de una serie de leyes hemos salido de la lista gris. Actualmente es necesario demostrar el cumplimiento de las mismas en términos de prevención de casos, castigo a los culpables y recuperación de los activos involucrados.
El IPC incorpora en el indicador diversos instrumentos internacionales que captan la percepción de expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. Los temas consultados son el manejo de los recursos públicos, el nepotismo, la probabilidad de prevención e impunidad, protección legal a denunciantes, periodistas e investigadores, captura del Estado y acceso a información pública por parte de la ciudadanía.
Las normas e instituciones vigentes deben cumplir sus objetivos, funciones y competencias para que el resultado final sea una reducción de la corrupción y con ello una mejor la percepción ciudadana. En este caso hay un responsabilidad y compromiso no asumidos por el sistema judicial.
No obstante, permanecen vacíos legales de los que los parlamentarios deberían hacerse cargo, como una mejor legislación para controlar el tráfico de influencia, los conflictos de intereses, la influencia de grupos a favor de intereses particulares, el financiamiento de campañas electorales, la puerta giratoria, la carrera del servicio civil.
El Poder Ejecutivo tiene a su cargo la implementación de mejores instrumentos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los casos ya previstos por la normativa, pero que continúan siendo un obstáculo para la auditoría ciudadana.
Los tres poderes del Estado tienen deudas pendientes en materia de transparencia. No hay democracia ni posibilidad de desarrollo cuando no hay control ciudadano y para ello se requiere un marco normativo adecuado y compromiso de autoridades y funcionarios públicos con el cumplimiento de sus funciones. Los avances logrados están lejos de ser los óptimos y necesarios. Dimos pasos, pero necesitamos más.
