El crimen y la violencia le cuestan a América Latina y el Caribe el 3,5% de su producto interno bruto (PIB), según afirmó una alta autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. La recomendación fue “cortar el oxígeno al crimen” si el objetivo es sostener el crecimiento a largo plazo y avanzar hacia el desarrollo. Además, se deben considerar los niveles de deterioro de la calidad de la democracia y la ominosa posición del país en el Índice Global de Crimen Organizado.
La evidencia también indica profundos lazos entre este problema y la desigualdad. Paraguay, como el resto de la región, está ante el desafío de implementar políticas integrales que, a la vez de combatir el crimen al menor costo posible (económico y sin daños colaterales), llenen los vacíos de políticas que los grupos criminales se encargan de ocupar.
La desigualdad es fundamental cuando se considera este tema, y Paraguay es uno de los países más desiguales de la región, según diversos indicadores.
La evidencia general señala que hay una relación positiva entre desigualdad y crimen.
Desde la economía, la escuela neoclásica señala que el canal económico que vincula ambas variables es que en sociedades desiguales, los retornos a las oportunidades legales son bajos en relación con las ganancias provenientes de actividades ilegales.
La sociología postula que los sentimientos de desventaja, falta de oportunidades e injusticia llevan conductas relacionadas con el crimen y la violencia como respuesta a la frustración. La desigualdad, además, socava la capacidad de las comunidades para disuadir del crimen.
Dos estudios realizados con datos entre 2010 y 2017 ya estimaban un costo mayor al 3% del PIB para el caso de Paraguay. Estas estimaciones ubican a nuestro país en niveles peores que los países con mayores niveles de bienestar –como Chile, Costa Rica y Uruguay– y en niveles similares que los países centroamericanos.
Paraguay gasta alrededor del doble que los primeros, lo que es escandaloso teniendo en cuenta que nos faltan recursos para áreas claves del desarrollo como salud y educación. Sobre todo, considerando que el vacío estatal y la falta de oportunidades son los que alimentan el nacimiento y la consolidación de grupos criminales.
Uno de los estudios estimó los costos de la delincuencia con datos de 2014 dividiendo en tres partes: El costo social de la delincuencia, que incluye los costos de la victimización en términos de la pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos y los ingresos no percibidos de la población penitenciaria: 0,64% del PIB; el gasto privado en seguridad por empresas y hogares, que incluye el gasto de las empresas y los hogares en la prevención de la delincuencia; es decir, el gasto en servicios de seguridad; y el gasto público, que incluye el gasto público en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones.
Este estudio muestra que para el caso de Paraguay, el costo total es de 3,24% del PIB; es decir, los estudios coincidían en los promedios, aun modificando parte de la metodología o los componentes de los costos.
Hay que tener en cuenta además que estos datos ya están desactualizados casi una década.
Un informe de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime de 2013 señala que los países que figuran como democracias plenas siguen manifestando niveles más altos de resiliencia al crimen organizado que los regímenes autoritarios.
Y que las buenas prácticas de Gobierno, abiertas y transparentes, que se rigen por la ley y fomentan la participación de los ciudadanos, ponen las bases sobre las cuales se elaboran las respuestas, estatales como no estatales, a los retos criminales. Lamentablemente, en el índice de criminalidad entre 2021 y 2023, nuestro país ocupa un ominoso tercer lugar. Paraguay fue empeorando en los últimos años en materia de inseguridad, delincuencia, inserción de las mafias en la vida política, social y económica, por lo que los costos habrán subido exponencialmente.
