En el juicio oral en contra del senador Víctor Bogado por el caso conocido como el de la niñera de oro, la diputada Celeste Amarilla brindó detalles de conversaciones que mantuvo con su marido, Franklin Boccia, en la época en que se desempeñó como director de Itaipú Binacional.
“Él (su marido) solía decirme: ¡Pucha! Me llama otra vez este (Víctor Bogado), quiere que le meta a una chica. Las veces que atendió y escuché la conversación solía decirle que iba a ver y a hacer todo lo posible, medio le eludía”, declaró Amarilla.
La legisladora dijo no recordar los nombres de las mujeres en cuestión, sin embargo, apuntó a Miguel Pérez, ex jefe de Gabinete, como el encargado de ejercer presión en nombre de Bogado, entonces presidente de la Cámara de Diputados.
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En ese sentido, refirió que el extinto titular de la binacional le mencionó: “No solo me llama sino que me manda a su secretario (por Miguel Pérez)”.
Una vez concretada la contratación, al poco tiempo, el diputado solicitó que Gabriela Quintana, conocida como la niñera de oro, fuera comisionada a la Cámara Baja. Sin embargo, pidió que otra mujer ingrese en su lugar.
“Después de no sé cuánto tiempo dijo: ¡A la cuenta! ya le metía a una y ahora quiere que le meta a otra”, contó la parlamentaria.
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Amarilla refirió que cuando se presentó el llamado del Ministerio Público, Boccia le había dicho que contaba con el registro de visitas en el que figuraba el ex jefe de Gabinete. Además, le comentó la existencia de un pedido con firma del propio político colorado.
Antecedentes
Gabriela Quintana era funcionaria de Diputados y fue contratada por la Itaipú el 4 de marzo de 2013, para luego ser comisionada de nuevo a la Cámara Baja, a pedido de Bogado.
La niñera de oro, como funcionaria permanente de Diputados, percibía un salario de G. 9.320.000, más G. 1.800.000 en concepto de bono por alimentación.En tanto que como contratada de la Binacional Itaipú, por pedido del senador Bogado, recibía un sueldo de G. 6.098.000.
La defensa del senador Bogado intenta sostener que no hubo doble remuneración de parte de los entes del Estado, alegando que las binacionales no son entes públicos y que sus presupuestos no están incorporados en las leyes del Presupuesto General de Gastos de la Nación.