OGD en agosto del 2018 se vio obligado a renunciar a su banca en la Cámara de Senadores, antes que se trate su pérdida de investidura, por la presión ciudadana tras el escándalo de los audios con Raúl Fernández Lippman, su secretario privado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El ex senador y su hijo Óscar Rubén González Chaves fueron imputados por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero a través de la empresa Príncipe di Savoia SA, donde también figuran como accionistas sus hijos Rubén y Ma. Emilia González Chaves.
Casi un año OGD y su hijo Óscar, ex concejal municipal de Luque, estuvieron privados de libertad hasta que obtuvieron arresto domiciliario.
Por su parte, el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón pasó cinco meses en prisión por estar imputado por el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Además su esposa, María Selva Morínigo, está procesada por supuesto lavado de dinero, y también tiene arresto domiciliario.
Según la investigación llevada adelante por la fiscala María Estefanía González, la pareja supuestamente no logró justificar ingresos de G. 3.764.317.044 entre el 2014 y el 2016.
Incluso, el actual ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y ex fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que Díaz Verón siendo fiscal general intentaba poner trabas en casos de políticos poderosos, y dijo que “él pasaba ciertos datos útiles importantes a las personas investigadas”.
El ex fiscal general abandonó Viñas Cué en febrero de este año por motivos médicos, pero sigue con arresto domiciliario a la espera del juicio oral. En noviembre la fiscala Natalia Silva solicitó unificar las causas de Díaz Verón y Morínigo, para una sola audiencia preliminar.