Las intenciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, son una reacción a la insistencia de Paraguay de subir la tarifa de Itaipú con el objetivo de obtener más recursos por la venta de los excedentes. Estas supuestas amenazas surgieron en los medios brasileños y no hay versiones oficiales que las confirmen.
La posición de Brasil es mantener la tarifa de USD 16,71 el kilovatio al mes, mientras que Paraguay busca regresar a niveles de USD 22,23. Sin embargo, en plena negociación surgen las polémicas estrategias para presionar a nuestro país a fin de que desista de un aumento.
A cada país le corresponde el 50% de la energía de Itaipú, pero la Nota Reversal N°5 obliga a Eletrobras a comprar todo lo que Paraguay no llega a utilizar, convirtiéndose así en un comprador del 80% de la energía. Esto lo afirma el ex gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Fabián Cáceres.
La amenaza de Lula da Silva consiste en dejar sin efecto este acuerdo y que nuestro país compre la mitad que le corresponde para un mercado pequeño que no tiene la capacidad de consumir toda esa energía excedente.
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Para Cáceres esto representa una violación del acuerdo binacional, porque las notas reversales forman parte del Tratado de Itaipú.
“Paraguay deberá comprar el 50% de la energía de Itaipú, pasando de un contrato anual de 2.154 a 6.068 MW (4.744 MW demanda máxima), aumento de 281%, sin mercado para consumir toda esa energía. Un sobrecosto para la ANDE de USD 780 millones (tarifa 16.71 USD/kW/mes)”, señaló en sus redes sociales.
Como efecto, explicó que la empresa estatal estaría obligada a solicitar la reducción de la tarifa al mínimo posible y que además Paraguay dejaría de percibir por la energía cedida al Brasil, que en el 2023 alcanzó USD 233 millones, poniendo en riesgo el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
“La violación del Tratado dejará graves consecuencias financieras para el Paraguay, y reabrirá heridas ya cicatrizadas con nuestro poderoso vecino”, concluye Cáceres sobre la hipótesis difundida esta semana.
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El país más perjudicado sería Brasil
Brasil defiende fervientemente su posición de una tarifa baja en medio de una fuerte apuesta para detener “la desindustrialización” que enfrenta el país. Es un sector que justamente necesita de energía barata para aumentar la competitividad de sus productos industrializados.
De hecho, para incentivar la industria, el Gobierno brasileño desembolsará alrededor de USD 60.000 millones hasta el 2026 a través de líneas de créditos e inversiones no reembolsables.
Le interesa sobre todo la fábrica de medicamentos, la mecanización de la agricultura familiar mediante la provisión de maquinarias hechas en el país, así como las empresas digitales y un aumento de biocombustibles en el transporte, según publica la agencia internacional de noticias EFE.
A partir de este contexto, la ex viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, desconfía de la información, más aún porque proviene de un medio de comunicación que actúa como vocero de los sectores empresariales de Brasil.
Si bien considera que Lula da Silva defenderá los intereses de su país, cree que la renuncia a los excedentes no es el camino que seguirá.
“Ellos son los que no pueden prescindir de nuestra energía, ojalá nos den la libre disponibilidad. Lo cual no quita que Paraguay tiene ese derecho”, manifestó.
Además, a Brasil no le conviene especialmente pasar a depender de los derivados del petróleo, que tienen un costo mucho más elevado.
Desde la organización Itaipú Causa Nacional ya se defendía este derecho de contratar toda la potencia que le corresponde a Paraguay para este 2024 con oportunidades de exportar los excedentes.
Para sus integrantes, nunca existieron impedimentos, solo gobiernos que no optaron por proteger su soberanía energética.
El expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira y el experto en energía, Víctor Oxilia, coinciden con Canese respecto a la credibilidad de la amenaza.
El primero mencionó que si se habilita a la empresa estatal a disponer del 50% de la energía de Itaipú, la decisión requiere de un proceso de ajuste, no puede ser inmediato. Además se debe aprobar a través del Parlamento, lo que implicaría al menos dos años de negociación.
“Si esa supuesta amenaza (que dudo que sea real) se cumpliera sería como darse un tiro en el pie para Brasil. Abriría la posibilidad de que Paraguay también tome la decisión de vender su energía a otro país. No es una amenaza creíble”, publicó a su vez Oxilia en su cuenta de X.
Aunque Uruguay y Chile podrían ser nuevos mercados para la energía de Itaipú, Canese observa mayor oportunidad en la venta directa a empresas privadas de Argentina y Brasil a precios de mercado, donde el Estado brasileño sí estaría gozando de una preferencia en la compra si llega a igualar la oferta.
Hoy, en Brasil, iniciamos nuestras conversaciones para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Partimos de la base de que ambos países tenemos en común el objetivo de promover el desarrollo de nuestras naciones para beneficio de nuestra gente y apostaremos al diálogo para… pic.twitter.com/UVVporlj3n
— Santiago Peña (@SantiPenap) January 15, 2024
Negociaciones con Brasil
Paraguay y Brasil están en plena renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que debe ser revisado a 50 años de la firma del documento binacional, fecha que se cumplió el 13 de agosto de 2023.
En este marco, el presidente Santiago Peña se reunió con su par brasileño a mediados de enero en Brasilia, donde el paraguayo aprovechó la ocasión para manifestarle sus intenciones de aumentar a USD 22,23 kilovatio al mes la tarifa de la energía, lo que supuestamente habría molestado a Lula porque considerada el tema debía ser discutido a nivel técnico.
Teniendo en cuenta que ya no hay deudas por la construcción de la hidroeléctrica, Brasil considera que la tarifa debe mantenerse baja, pero Paraguay demanda de fuente de ingresos para invertir en desarrollo, según el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
Por ejemplo, el aumento permitiría un ingreso de USD 2.000 millones para ambos países, donde Paraguay aprovecharía el 50%.
Sobre este punto también hay dudas sobre el destino de los fondos. El ingeniero Ricardo Canese advirtió que estos recursos no pasan por el Presupuesto y, por lo tanto, carecen de la fiscalización de la Contraloría General de la República y no se puede verificar cómo se ejecutan.
