Los especialistas de nueve países, entre ellos España, debaten desde este miércoles en Tegucigalpa sobre el asunto en el IV Congreso Latinoamericano de Prevención Integral de la Discapacidad.
“La discriminación y la política de Estado que no ve a estas personas de una forma inclusiva, son los mayores obstáculos que tienen las personas” que padecen alguna discapacidad, dijo a Efe el representante en Honduras del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Efraín Pérez.
Asimismo, el funcionario de las Naciones Unidas llamó la atención a los Estados de la región para que implementen “políticas públicas inclusivas” a favor de los discapacitados.
El tratamiento que reciben estas personas varía mucho de unos países a otros, señaló el experto de la ONU, que, no obstante, citó a Costa Rica y Ecuador como aquellos que han avanzado de manera significativa en la atención a las personas en condición de discapacidad.
Agregó que la falta de presupuesto y de voluntad política dificulta la aplicación de los planes nacionales para atender a los discapacitados.
“La política y la voluntad del Estado van de la mano, de tomar medidas legales pero también de presupuestarles, eso no se esta haciendo en la mayoría de los países de Latinoamérica”, subrayó Pérez.
El director ejecutivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad, Luis Astorga, coincidió con Pérez y subrayó que Latinoamérica necesita políticas públicas integrales y sostenidas, dotadas de suficientes recursos.
“La enorme deuda social que tienen los gobiernos con su población con discapacidad no se ha comenzado a saldar de manera significativa, y no hay verdaderas políticas de Estado ni la inversión social necesaria”, declaró Astorga a Efe.
La mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe han ratificado la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, en vigor desde mayo de 2008, señaló Astorga, tras lamentar que su aplicación sea “muy pobre y deficitaria”.
Alrededor de 80 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad y se enfrentan a barreras que van desde el estigma y la discriminación hasta la ausencia de adecuados servicios de atención sanitaria y rehabilitación, pasando por sistemas de transporte o edificios inaccesibles, señaló el experto.
En Honduras, con 8,5 millones de habitantes, hay unas 700.000 personas que padecen algún tipo de discapacidad y la mayoría es “víctima de discriminación”, dijo a Efe el ombusdman hondureño, Ramón Custodio.
“La lucha es integrar a las personas con discapacidad a ambientes normales, aunque todavía tenemos que construir una cultura de atención a la discapacidad”, enfatizó Custodio tras lamentar que el Gobierno de su país “no invierte lo suficiente” en la atención de éstas personas.
El IV Congreso Latinoamericano de Prevención Integral de la Discapacidad, que concluirá el viernes próximo, es auspiciado por diversas entidades públicas y privadas.
