Lo que comenzó como una medida temporal de noventa días para “reducir el gasto público y la burocracia, reevaluar la eficacia de los programas y prevenir el posible uso indebido de los fondos” se ha transformado en una situación incierta para USAID, una entidad que “ha llegado el momento de que muera”, según el magnate Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EEUU.
Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la decision este viernes, Trump planea reducir su personal de 10.000 a solo 290 puestos, que son considerados “esenciales”, según The New York Times, y ha transferido su control al Departamento de Estado, poniendo fin a seis décadas de operaciones de la agencia, que ha destinado miles de millones de dólares a programas humanitarios en todo el mundo, incluyendo América Latina, cuya oficina quedará reducida a ocho personas.
Según datos oficiales del Gobierno de EEUU, en 2024 USAID distribuyó más de 44.000 millones de dólares en ayuda global. De esta suma, alrededor de 2.300 millones de dólares fueron dirigidos a iniciativas en América Latina, representando un pilar fundamental para diversos programas.
“Estados Unidos es un donante clave y su ausencia es insustituible. Incluso si sumamos todas las contribuciones europeas en Colombia, no alcanzarían ni la mitad de la ayuda estadounidense”, afirma a EFE Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para la Región Andina.
En Colombia, los aportes de USAID ascendieron a casi 400 millones de dólares en 2024, destinados a programas humanitarios, cooperación judicial, seguridad, educación, sanidad, paz, igualdad, medioambiente, cultura y migración. La situación es similar en otros países de la región.
crisis migratoria
Uno de los programas más afectadas por el recorte de fondos en toda la región es la gestión migratoria que, paradójicamente, también es uno de los temas claves de la Administración Trump.
En ese sentido, Stephani López, consultora en políticas migratorias, advierte que la reducción de fondos “impacta directamente a entidades como Migración Colombia y al programa de migrantes y refugiados del Departamento de Estado”, lo que limita la capacidad operativa en zonas clave como las fronteras con Venezuela y Ecuador.
Además, la política de externalización migratoria de EEUU, que delegaba parte de la gestión a países como Colombia, México y Panamá, enfrenta ahora un panorama incierto.
“El cierre de las oficinas de movilidad segura, que facilitaban permisos y visados, impone más barreras a los migrantes”, explica López, quien también advierte de que la falta de financiamiento para estrategias de reintegración “deja en mayor vulnerabilidad a los retornados, sin programas efectivos que faciliten su inclusión social y económica”.
Si bien existen otras fuentes de financiamiento, como préstamos de organismos multilaterales, estas “no son suficientes para cubrir el vacío dejado por USAID”, lo que obliga a los Gobiernos a asumir un rol más activo en la sostenibilidad de las iniciativas de atención a migrantes.
acompañamiento técnico
La reducción de la cooperación estadounidense también afecta áreas técnicas claves en Brasil y Perú, donde las autoridades han expresado preocupación por la posible disminución de fondos destinados a la protección de la Amazonía y la lucha contra el narcotráfico.
En Brasil, USAID firmó en 2015 un acuerdo con el Gobierno para destinar 300 millones de dólares hasta 2030 para la preservación del ecosistema amazónico y el bienestar de comunidades rurales. Aunque el programa sigue en marcha, algunas ONG locales han recibido notificaciones de suspensión de financiamiento, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de iniciativas como la asistencia alimentaria a migrantes en Roraima (norte).
Mientras tanto, en Perú la suspensión podría afectar el acceso a 630 millones de dólares hasta 2030 y a unas sesenta ONG que dependen de esos fondos. Aunque el Gobierno ha asegurado que programas claves como la lucha contra el narcotráfico y la protección del Amazonas no se verán afectados, reconoce que las organizaciones no gubernamentales sí podrían verse perjudicadas.
Para Dickinson, la cancelación abrupta de estos programas no solo deja sin apoyo a quienes buscaban mejorar sus condiciones de vida, sino que también expone a los líderes comunitarios a la incertidumbre y posibles represalias.
“La confianza de las comunidades en el respaldo internacional se ha visto gravemente afectada, generando un vacío que podría ser aprovechado por actores ilegales”, agrega.
Salud y educación
En tanto en Guatemala, el congelamiento de 275,3 millones de dólares pone en riesgo proyectos en áreas como justicia, educación, salud, derechos de las mujeres y agricultura, mientras que en Honduras, donde en 2024 se recibieron cerca de 100 millones de dólares, sectores clave como educación, salud, agricultura y atención a migrantes, así como la lucha contra la corrupción, se verán afectados.
Aunque el Gobierno de Xiomara Castro minimiza la medida, organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría de Movilidad Humana alertan sobre sus efectos, especialmente en la protección de víctimas de desplazamiento forzado.
A pesar de la cercanía ideológica entre Nayib Bukele y la Administración Trump, en El Salvador el retiro de fondos también pone en peligro iniciativas centradas en el desarrollo humano, empleo, educación, transparencia, innovación, inversión y alianzas para el crecimiento económico.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado la suspensión de la ayuda al considerar que ha financiado a grupos opositores, pero organizaciones que apoyan a migrantes, mujeres y personas LGBTI alertan del riesgo de desaparecer. De ehecho, en el sur del país, Usaid movilizó cerca de 30 millones de dólares para proyectos y generó 250 millones de dólares en inversión entre 2021 y 2023, según datos oficiales.
La reducción generará un enorme vacío que los Gobiernos deberán afrontar, porque la aportación estadounidense representaba hasta ahora el 47 por ciento del gasto global en asistencia humanitaria, “un reto presupuestal significativo, en un contexto de desafíos fiscales comunes en toda la región”, advierte Elizabeth Dickinson.
