La Sociedad de Comunicadores del Paraguay planteó un amparo de acceso a la información pública contra la Itaipú Binacional, para que informe sobre las sesiones del Consejo de Administración de la entidad.
Rubén Penayo y Beatriz Pompa, secretario general y adjunta de la citada sociedad, presentaron la acción con el patrocinio del abogado Alejandro Vera Granado.
Los mismos, a través de la ley de acceso a la información, solicitaron a la Itaipú datos de todas las sesiones del citado Consejo desde el 15 de agosto del 2018 hasta la fecha.
Quieren saber la cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias, el orden del día desarrollado en ellas y las posiciones sustentadas por los consejeros paraguayos.
Ante esto, Itaipú les dio una lista de la cantidad de sesiones que tuvieron, pero no les proveyó los demás puntos.
una sesión en 2021. La Itaipú informó que desde agosto del 2018, tuvo tres sesiones ordinarias y una extraordinaria. En todo el 2019, tuvo seis ordinarias y cuatro extraordinarias.
En 2020, el Consejo de Administración tuvo seis sesiones ordinarias y tres extraordinarias, mientras que en lo que va de estos seis meses del 2021 tuvo solo una sesión ordinaria.
Según el Anexo A del Tratado, dicen los accionantes, el Consejo se debe reunir cada dos meses en forma ordinaria, y las veces necesarias en forma extraordinaria.
Como no se contestaron los demás puntos, se planteó un recurso de reconsideración, que no fue resuelto, por lo que ahora plantearon el amparo de acceso a la información.
El juez sorteado para el caso es José Guillermo Trovato Fleitas, del duodécimo turno en lo Civil, quien deberá estudiar la garantía constitucional promovida.
OTRA ACCIÓN. Paralelamente, en la Sala Constitucional de la Corte estudia una consulta constitucional del juez Édgar Rivas, sobre el pedido de medida de urgencia promovida por la Contraloría para auditar los gastos sociales.
En el caso, el ministro Antonio Fretes solicitó que la ampliación de la Sala Constitucional al pleno de la Corte.
Además, estudia una acción de inconstitucionalidad promovida por Itaipú en contra de la resolución de la Contraloría sobre auditar los gastos sociales de la entidad.
En este caso, también debe estudiarse la misma cuestión, para determinar si la CGR tiene o no la potestad para realizar auditorías a la binacional.
En el amparo ahora presentado, lo más probable es que se plantee también una cuestión constitucional, sobre si la ley de acceso a la información le rige o no.
