La ampliación de las pensiones a adultos mayores, además de los fondos adicionales que se devoraría, podría disparar el déficit fiscal en 2020 por encima del tope, según el Ministerio de Hacienda. La ley que amplifica la subvención fue confirmada por el Congreso tras el rechazo de ambas cámaras al veto del Ejecutivo.
De acuerdo con el estudio hecho por los técnicos del Fisco, entre los fondos necesarios para cubrir los pagos y los censos de los potenciales beneficiarios, el costo del programa pasaría del 0,5% del PIB al 0,8%. En ese caso, el déficit podría trepar al 1,8% del PIB, lo que equivale a USD 720 millones (ver infografía).
El viceministro de Administración Financiera y actual ministro sustituto de Hacienda, Óscar Llamosas, indicó que los recursos públicos ya fueron distribuidos en su totalidad en el Presupuesto 2020 sancionado a inicios del mes, por lo que, para calzar el saldo rojo, se deberán recortar los programas de varias entidades o la inversión en obras.
“Esto va de contramano al Presupuesto equilibrado que salió para el 2020”, expresó.
CON IMPUESTOS. El Ministerio de Hacienda se había mostrado muy molesto por la decisión del Congreso de rechazar el veto a la ley que amplía la pensión a los adultos mayores, reemplazando la palabra “pobreza” por “vulnerabilidad social”.
Llamosas había cuestionado la contradicción legislativa, ya que días después de sancionar un Presupuesto 2020 equilibrado, resolvió confirmar una legislación que le costará al Fisco unos USD 80 millones por año, lo que representa USD 400 millones entre el 2020 y el 2024.
Resaltó que para entender el impacto de esta ley, los nuevos gastos en las pensiones podrían devorarse los ingresos adicionales anuales que generará la reforma tributaria que entra en vigencia el año entrante.
Para evitar un fuerte impacto en las finanzas públicas, el Fisco se encuentra analizando opciones. La primera alternativa es elaborar un decreto reglamentario tomando como base la experiencia internacional en el área, con lo que se busca, principalmente, clarificar la expresión “vulnerabilidad social”.
No obstante, Hacienda no descarta presentar una nueva ley ante el Congreso o recurrir a la Corte para anular la ley.
Actualmente, el Fisco registra a unos 198.207 adultos mayores que reciben la pensión. Para cubrir esta subvención, el Estado prevé un gasto de G. 1,3 billones (USD 206,9 millones) en este 2019.
