Las abogadas Gessy Ruiz Díaz y Bilfia Aria, en representación de la familia Friessen Neufeld, ampliaron la denuncia contra William Roberto Bogarín Campuzano, ex director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, según informó la periodista Liz Acosta.
El nuevo hecho denunciado es cobro indebido de honorarios por un valor de USD 40.000, en el marco de una sucesión impulsada por la familia.
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El entonces abogado de la familia José Ljubetic Arellaga había informado a la familia que trabajaba con un equipo jurídico conformado por los abogados Willian Roberto Bogarín Campuzano, Pedro Daniel Candia Osorio e Ilsa Marisela Paredes, a quienes se les otorgó un poder especial por parte de todos los herederos para el juicio sucesorio el 19 de octubre del 2018, tras el fallecimiento de David Friesen Peters.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl equipo jurídico, sin Ljubetic, promovió el juicio sucesorio desde el 2018 hasta el 2024, cuando les revocaron el mandato por un nulo avance., pero de igual forma Ljubetci seguía requiriendo sumas de dinero en concepto de honorarios profesionales. El monto transferido a la cuenta de Willian Roberto Bogarín asciende a USD 40.000.
Bogarín comunicó a la familia en el 2023 que ya no podría seguir con los trámites porque había sido designado como funcionario público. Sin embargo, según la denuncia, el mismo ya se desempeñaba como funcionario público desde el 2013 y desde el 2021 en la Cámara de Diputados.
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Caso por estafa
El ex funcionario de la Cámara de Diputado, Willian Bogarín, se encuentra imputado por estafa, asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
La denuncia señala una maniobra fraudulenta que habría afectado a tres personas en un monto cercano a los USD 1.600.000.
Los denunciantes fueron los hermanos Bernardo Friessen Neufeld, Herman Friessen Neufeld y David Friessen Neufeld, pertenecientes a la colonia Río Verde, quienes habrían sido engañados por los ahora imputados, en el marco de una operación que aparentaba ser una legítima compra de tierras en el Chaco.
En el caso de José Ljubetic, se solicitó el arresto domiciliario, ya que tiene 73 años. En cuanto al ex funcionario del Congreso, Willian Bogarín y la abogada Ilsa Paredes, se habían pedido inicialmente la prisión preventiva y posteriormente se les benefició con el arresto domiciliario.
