Esta indemnización correspondía a dos familias por la muerte accidental de dos funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) durante la prestación de servicios.
“Ellos tienen cuatro meses hasta la fecha del escrito conclusivo. Lo que ellos no pueden es pretender hacer creer que con el acuerdo al que llegaron ya está cerrado el caso. Ya que las víctimas dicen que ya se sienten resarcidas y no van a accionar penal ni civilmente. La gente cree que con eso ya está terminado, pero lo que falta es G. 125 millones que es dinero público”, explicó.
Contexto. El 2 de agosto, Antonio Acosta Contrera y Marino Ramírez Casco, dos funcionarios de la ANDE, mueren por electrocución en la prestación de sus servicios. En el velorio, Anadelia Acosta Armoa, la encargada de la secretaría de la mujer de la municipalidad de R. I. 3 Corrales, recomienda asistencia legal a las víctimas que aceptan la ayuda. Tras unas diligencias de Acosta Armoa en la ANDE, el abogado Darío Flores es el encargado de cobrar los dos cheques de indemnizaciones para la familia por G. 400 millones cada una. Sin embargo, Juana Honorina Casco de Ramírez (madre de Marino Ramírez) solo recibe G. 30 millones y Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta, solo recibe G. 45 millones.
El 8 de octubre, tras las imputaciones a Anadelia Acosta y Darío Flores, el representante legal de ambos, Marcial Ayala, anuncia que sus clientes devolvieron G. 300 millones a cada familia, totalizando de esta manera G. 330 millones para Juana Honorina y G. 345 millones para Calixto Acosta, quedando aún un remanente de G. 125 millones. La abogada de las familias anunció que las mismas están satisfechas con la suma acordada, no obstante, la fiscala Salinas presiona para que los imputados devuelvan la totalidad de la indemnización.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppCuentas abiertas. Ayer, la fiscala solicitó al BNF las cuentas abiertas de ambas familias, atendiendo que el abogado Ayala anunció que sus clientes abrieron cuentas y depositaron allí los montos citados. La fiscal quiere tener la certeza de que los imputados ya devolvieron la suma que sostienen.
