César Barreto, ex ministro de Hacienda, aseveró que la aparición de la Superintendencia es fundamental, debido a que se requiere de una institución que esté enfocada en el monitoreo y en el análisis de la sostenibilidad del sistema de jubilaciones “como un todo”, lo cual no ocurre en la actualidad.
“Hay una responsabilidad difusa, que nadie la tiene de manera directa. Entonces, las instituciones funcionan de una manera extremadamente independiente y así se han cometido muchos errores”, comentó.
Asimismo, consideró necesario la creación de un régimen o de un reglamento marco de inversión para todas las cajas, con el fin de asegurar que los fondos jubilatorios se inviertan adecuadamente.
Luego, como una segunda etapa, Barreto apuntó a que se debe revisar el sistema de las jubilaciones, señalando que existe una reducida vinculación entre los beneficios que se comprometen con los aportes que realizan cada uno de los asegurados.
“Eso hace que el sistema sea intrínsecamente deficitario e insostenible. Por el momento, algunas cajas todavía están aguantando, pero después ya no”, refirió.
Al hablar puntualmente de la situación de la Caja Fiscal, manifestó que tiene un déficit financiero “que encima está siendo cubierto con ingresos tributarios cada vez más fuertes”, lo cual impide la utilización de estos recursos en otros sectores que pueden resultar más prioritarios para afrontar necesidades de la ciudadanía. En lo que va de este año, la Caja Fiscal ya registró un saldo rojo que llega a los USD 86,2 millones, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Hacienda.
Golpazo de la Corte. Por su parte, Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay, analizó la situación derivada del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de un grupo de marinos y en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), calificando lo sucedido como un “golpazo” al seguro social.
Cabe recordar que los marinos piden cobrar, en concepto de haberes jubilatorios, montos por encima de lo que establecen las normativas vigentes, lo cual fue avalado por la máxima instancia judicial, aunque de momento la decisión no se encuentra firme.
Al respecto, Fernández Valdovinos aseguró que el tema es preocupante y que, desde el punto de vista económico, lo resuelto por la máxima instancia judicial “no tiene sentido”.
Por otra parte, coincidió en la necesidad de establecer una Superintendencia de Pensiones, al tiempo de evaluar como un “craso error” no haber avanzado en este punto en la anterior oportunidad que se tuvo, a inicios del actual Gobierno.
Adicionalmente, se refirió a la necesidad de revisar los parámetros dentro las entidades jubilatorias, utilizando la analogía de un automóvil que requiere de mantenimiento para evitar que deje de funcionar.
“Quiérase o no, es necesario, porque o sino colapsa esto”, expresó.
Disparidades. De acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio del Trabajo, existe una gran inequidad en los indicadores paramétricos de las cajas jubilatorias (ver la infografía).
El reporte explica que en la actualidad funcionan 8 cajas; sin embargo, los criterios en cuanto a años de aporte, edad de jubilación y tasas de sustitución, entre otros, no son para nada similares.
A modo de ejemplo, mientras que un aportante del IPS obtiene una jubilación ordinaria con 25 años de aporte y 60 de edad, un docente con el mismo tiempo de aporte no tiene una antigüedad fijada para acogerse a la jubilación.
Similar es el caso de los bancarios, quienes acceden a una jubilación ordinaria con 30 años de aporte y 60 de edad, mientras que un funcionario municipal o un legislador pueden hacerlo con 15 de aporte y 55 de edad.
En cuanto a las tasas de jubilación, se ve que mientras un trabajador inscrito en IPS debe aportar por 30 años para una jubilación anticipada del 80% de su salario en base a los últimos 36 meses, un funcionario de la Itaipú puede tener el mismo beneficio con 10 años de aporte.
Otra de las disparidades es que mientras los cotizantes del IPS promedian su jubilación sobre sus últimos 36 salarios y los de la Caja Fiscal sobre los últimos 60, los legisladores lo hacen solo en base a su última dieta.
Estas son algunas de las cuestiones que el Gobierno quiere modificar con una nueva ley. Por ahora, Hacienda dice que sigue elaborándola.