Por su parte, el abogado José Emilio Vega Insfrán, en representación de la ANDE, radicó la denuncia del supuesto hecho punible a determinar ante el Ministerio Público, específicamente ante la Unidad Fiscal N° 19, a cargo de la fiscala María Luján Estigarribia, en la sede central de la Fiscalía General del Estado, donde se abrió la investigación para determinar responsabilidades.
Tras denuncias en la ANDE, la auditoría interna y la asesoría, en compañía de la escribana pública Gladys Esquivel de Coco, intervinieron el denominado Edificio Viejo, oficina C2, perteneciente al Departamento de Seguridad y Vigilancia, ubicado en la sede Central de la ANDE, sobre España y Padre Cardozo.
BAJO LLAVES. Luego de la intervención interna, las instalaciones de la citada oficina se lacraron y los jefes del área fueron separados del cargo mientras dure el sumario.
Sin embargo, en el momento de la intervención a cargo de auditoría interna y la asesoría jurídica de la ANDE, las mismas no hallaron los equipos informáticos conectados que se veían en videos y fotografías de una denuncia recibida.
Estas pruebas digitales mostraban computadoras conectadas aparentemente las 24 horas, de 1.500 W y que consumirían al mes 1.080 kWh, un equivalente a unos G. 470.000, a lo cual se añade la utilización del aire acondicionado, con lo que se estima que la suma mensual del consumo rondaría los G. 627.000.
“No se sabe el tiempo exacto del montaje y si fue una sola vez. Se trataba de equipos informáticos montados artesanalmente y sospechamos que operaban de noche, porque esas máquinas hacen mucho ruido al contar con una ventilación forzada”, dijo el ingeniero Girett, con base en los videos de la denuncia.
Ahora, la ANDE espera la presencia del agente fiscal o su asistente en el lugar afectado para que constate el hecho e inicie la investigación. “La ANDE debe velar y proteger sus intereses a fin de evitar este tipo de prácticas por terceras personas en los bienes pertenecientes al Estado”, además de deslindar responsabilidades, señaló por su parte el abogado denunciante.